Santo Domingo Este.- Autoridades del municipio de Boca Chica así como comunitarios afectados por amenazas y desalojos participaron en un seminario en el que se analizaron los distintos conflictos por el uso del suelo que han aumentado en los últimos años.
De acuerdo a la Red Urbana Popular (RUP), espacio que articula a más de 200 organizaciones, actualmente los desalojos se han intensificado debido a varios factores, entre ellos, el crecimiento económico de la zona tras convertirse en polo turístico; los intereses de las empresas inmobiliarias para generar proyectos privados; los trabajos de ampliación de la autopista Las Américas así como al abandono de los ingenios azucareros.
Al evento asistió la diputada Josefa Castillo, quien explicó los tres tipos de conflictos que se están dando en torno al suelo en Boca Chica. El primero involucra a familias con grandes cantidades de tierra, algunos son casos de herencia y otros de familias que ya tienen un tiempo asentadas en esos terrenos, entre los que destacan las familias Rincon, Castillo, Moque y Los Hirujos.
Por otra parte, existen hogares que han comenzado a regularizar su situación de tenencia comprando terrenos que pertenecen al CEA pero presentan retrasos en sus pagos y existe actualmente una comisión que se ha dado la tarea de hostigar y en algunos casos despojar a familias vulnerables fuera de sus viviendas y terrenos.
Por último, existe el conflicto entre la comunidad y personas que pretenden comprar terrenos del CEA a pesos irrisorios (15 pesos el m2 en la zona de Tierra Alta y 600 pesos el m2 en los terrenos del ingenio). Se resalta que estos terrenos tienen un interés social de doble sentido, ya que algunos están ocupados por familias que tienen larga data en el lugar y otros son espacios de oportunidad tanto para el Estado como para la comunidad de construir equipamientos y servicios básicos que son inexistentes para la comunidad de Boca Chica. Estas ventas se encuentras detenidas en el Congreso por la amenaza que implica para la comunidad y porque sus fines son lucrativos personales y no el bien común.
“Estamos claramente ante un conflicto de poder, entre quienes tienen el contubernio para lucrarse de sus posiciones de privilegio frente a una comunidad que se encuentra altamente amenazada», expresó la diputada.
En el seminario también se presentó una investigación realizada por Ciudad Alternativa que determinó que la amenaza de desalojo se extiende al 53% de las familias que han adquirido sus viviendas, mientras que las familias que se encuentran en situación de tenencia irregular son amenazados o desalojados violando los artículos 47 y 48 de la Ley de Registros Inmobiliario así como el Código Civil Dominicano y la Constitución de la República.
Por su parte la Red Urbana Popular propone una solución al conflicto. “Hemos elaborado una propuesta de resolución que se encuentra en manos del Cabildo de Boca Chica en la cual se declara al municipio y al distrito municipal de La Caleta libre de desalojos arbitrarios e ilegales. Esta resolución está avalada por la Constitución Dominicana y el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC) como forma de garantizar el derecho que tienen las familias a una vivienda segura.”
Recuerdan que este conflicto suscitado en Boca Chica en torno a los terrenos del CEA tienen un similitud con otros conflictos de suelo que han salido a la luz pública en los últimos años como son el caso de Los Tres Brazos y de Haina, por lo que por parte de las organizaciones que luchan por el derecho a una vivienda digna existe la iniciativa de unificar la lucha.
Las organizaciones presentes manifestaron que tanto el alcalde por el municipio de Boca Chica, Radhamés Castro, así como el director del distrito municipal de La Caleta, Máximo Soriano, apoyan la iniciativa de la resolución. Finalmente, se reconoció la importancia de que hayan participado tanto las autoridades locales como las organizaciones y familias afectadas al tiempo en que hicieron un llamado a que desde el Consejo de Regidores asuman esta iniciativa que pretende garantizar una de las dimensiones clave para lograr el derecho de los munícipes a una vivienda digna y segura.
El seminario también contó con la asistencia de representantes del ayuntamiento del Distrito Municipal de La Caleta, con el dirigente comunitario Julio César Asencio del Movimiento Comunitario Boca Chica Ahora o Nunca; el activista social Emilio Antonio Gil y Ángel Serafín Cuello, de Ciudad Alternativa, además de la asistencia de decenas de familias afectadas por el conflicto. Fueron invitados aunque no asistieron al encuentro, el ex-gobernador de la provincia de Santo Domingo y el director del CEA, Pedro César Mota Pacheco.
