Más de 110 organizaciones participaron en la construcción de una Agenda de Derechos
Santo Domingo. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil como actores clave para la defensa de los derechos humanos y la consolidación democrática marcó el cierre del proyecto Más Derechos, una iniciativa ejecutada por la Fundación Friedrich Ebert (FES), Ciudad Alternativa, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y CIDEL, con el apoyo de la Unión Europea.
Durante su implementación, el proyecto impulsó el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la formulación de políticas públicas desde un enfoque de derechos, promoviendo el diálogo entre ciudadanía y tomadores de decisión. Como parte de este proceso, más de 110 organizaciones de la sociedad civil participaron en la construcción de una Agenda de Derechos. Además, más de 500 líderes y lideresas sociales, más de 100 jóvenes y 75 tomadores y tomadoras de decisión fortalecieron sus capacidades a través de procesos de formación, diálogo e incidencia desarrollados en Santo Domingo y Santiago.
El acto de cierre reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación para hacer un balance de los principales resultados del proyecto y reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta la garantía de los derechos humanos en la República Dominicana.
Durante la apertura, el representante de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en República Dominicana, Yesko Quiroga, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil como un requisito indispensable para una democracia más participativa, inclusiva y capaz de responder a las demandas de la ciudadanía.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, reafirmó el compromiso de la cooperación europea con el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de los derechos humanos, resaltando el papel que desempeñan las organizaciones sociales en la construcción de instituciones más transparentes, democráticas y comprometidas con la garantía de derechos.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel “Avances y brechas en los derechos humanos en la sociedad dominicana”, en el que especialistas analizaron los principales desafíos para garantizar derechos en el contexto actual. Durante el diálogo se abordaron temas como la incorporación de las demandas de la sociedad civil en los programas de gobierno, la importancia del presupuesto público para garantizar derechos y los retos que enfrenta el país en materia de derechos laborales.
Asimismo, se compartieron los principales aprendizajes y aportes del proyecto Más Derechos, destacando la generación de evidencia para respaldar propuestas de política pública, el fortalecimiento de capacidades de organizaciones sociales, la articulación entre diversos actores y la creación de espacios de diálogo con autoridades nacionales y locales para impulsar una agenda de derechos humanos.
Como parte de la jornada se presentó el cortometraje documental Vestidas de Dignidad, una producción que recoge experiencias de organización y defensa de derechos desde los territorios. El encuentro concluyó con una presentación cultural bajo el lema “Los derechos tienen que ser fiesta”, como una celebración del trabajo colectivo y un reconocimiento a las organizaciones y personas que hicieron posible este proceso.
Aunque el proyecto concluye formalmente, las organizaciones que integran el consorcio coincidieron en que su principal legado permanece en las capacidades instaladas, las alianzas construidas y los procesos de incidencia impulsados durante su implementación, que continuarán contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la garantía de los derechos humanos en la República Dominicana.
Santo Domingo. Con el propósito de promover soluciones innovadoras frente a los desafíos ambientales y urbanos que enfrentan las comunidades más vulnerables, Ciudad Alternativa, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), PROJAR y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) realizaron el seminario “Marañón Eco Amigable: explorando Soluciones Basadas en la Naturaleza, aportando resiliencia desde áreas urbanas informales”.
La actividad reunió a representantes comunitarios, instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y especialistas en urbanismo, gestión ambiental y cambio climático para reflexionar sobre la realidad de la Cañada del Marañón, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, y analizar alternativas sostenibles que permitan fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático.
Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la ciudad informal, el derecho al hábitat, la vulnerabilidad ambiental, la resiliencia urbana y las Soluciones Basadas en la Naturaleza como herramientas para mejorar la gestión del agua pluvial, reducir riesgos de inundaciones y promover entornos urbanos más sostenibles e inclusivos.
Uno de los principales objetivos fue generar un espacio de diálogo y concertación entre comunidades, academia, tomadores de decisiones y organizaciones sociales para identificar alternativas que contribuyan a mejorar el hábitat y la calidad de vida de las personas que residen en asentamientos ubicados en el torno a cañadas y cuerpos de agua del Gran Santo Domingo.
El seminario incluyó paneles de discusión y espacios de intercambio de experiencias en los que se analizaron los efectos del cambio climático sobre las comunidades urbanas vulnerables y se presentaron enfoques innovadores basados en la infraestructura verde-azul y las Soluciones Basadas en la Naturaleza para enfrentar desafíos como las inundaciones, el deterioro ambiental y la degradación del espacio urbano.
Asimismo, los participantes desarrollaron talleres de cocreación orientados a caracterizar la realidad territorial de la Cañada del Marañón, intercambiar perspectivas desde distintos sectores y construir propuestas de intervención adaptadas a las necesidades del territorio. Estos espacios permitieron generar insumos y recomendaciones que servirán de base para futuras iniciativas de planificación, gestión ambiental y desarrollo urbano sostenible.
Las entidades organizadoras destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre comunidades, instituciones públicas, gobiernos locales, sector académico y organizaciones sociales para impulsar respuestas integrales frente a los retos ambientales y urbanos que enfrentan las ciudades dominicanas. Reiteraron que la participación ciudadana constituye un elemento esencial para construir territorios más resilientes, inclusivos y sostenibles.
El seminario se desarrolló en el marco del proyecto “Marañón: por un ambiente sano y una vida digna en República Dominicana”, ejecutado por Ciudad Alternativa en alianza con ACPP y PROJAR, con el financiamiento de la Generalitat Valenciana. La iniciativa promueve procesos de transición ecológica justa junto a la Plataforma de organizaciones sociales Marañón Eco Amigable, promoviendo la adaptación al cambio climático en las comunidades de la cañada del Marañón, contribuyendo a la construcción de entornos urbanos más seguros, habitables y sostenibles.
Santo Domingo. Organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana, acompañadas por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y la red Latindadd, celebraron un taller sobre justicia fiscal y tributación internacional con la participación de 42 organizaciones sociales y comunitarias, entre ellas juntas de vecinos, colectivos de mujeres, organizaciones juveniles y de personas con discapacidad, asociaciones campesinas, sindicatos, ONGs y unidades académicas de investigación.
El encuentro tuvo como propósito analizar el panorama fiscal de República Dominicana y de América Latina y el Caribe, identificando los principales desafíos que enfrentan las finanzas públicas en materia de ingresos tributarios, progresividad fiscal, evasión, incentivos fiscales, calidad y suficiencia del gasto público, así como los déficits fiscales recurrentes y el crecimiento sostenido del endeudamiento público.
Se desarrolló en el marco de la gira regional de encuentros multilaterales impulsada por la Red de Justicia Fiscal y Latindadd, orientada a promover los consensos alcanzados por los Estados de la región en la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe (PTLAC), espacio cuya presidencia pro tempore ostenta actualmente la República Dominicana desde el 6 de mayo de 2026.
Asimismo, Latindadd impulsa el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, incluyendo los compromisos asumidos en Sevilla relacionados con la reforma de la arquitectura financiera internacional y la sostenibilidad del endeudamiento de los países en desarrollo. De acuerdo con los organizadores, estas iniciativas buscan fortalecer mecanismos de redistribución y equidad económica y social en la región.
El taller contó con la participación de los especialistas internacionales en justicia fiscal y tributación internacional Jorge Coronado y Tomás Lukin, representantes de Latindadd y de la Alianza Global para la Justicia Fiscal. También participaron los economistas Apolinar Veloz, Francisco Tavares, Luis Ortega Rincón, Roque Feliz y Rosa Cañete, vinculados al Movimiento de Justicia Fiscal en República Dominicana.
Entre las entidades organizadoras del evento se encuentran el Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Fundación Friedrich Ebert, CIPAF, CIDEL, IDEAC y el ODPP de la UASD, entre otras organizaciones comprometidas con el fortalecimiento de la justicia fiscal y la equidad social en la región.
Publicado originalmente en el periódico El Día.
Santo Domingo. La evasión y elusión fiscal de las empresas en República Dominicana alcanza el 62.3%, una cifra que reduce drásticamente la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y enfrentar problemas sociales como la pobreza, que afecta al 18.9% de la población. Esta fue una de las principales alertas planteadas durante la gira multiactor impulsada por la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática – Latindadd, junto a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) y el Centro Montalvo.
Durante los días 14 y 15 de mayo, la delegación internacional desarrolló una agenda de incidencia política y diálogo social con autoridades gubernamentales, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, con el objetivo de promover sistemas tributarios más justos, transparentes y orientados a garantizar derechos humanos.
La visita forma parte de las Giras Multiactores que Latindadd y la RJFALC impulsarán en 2026 para fortalecer la agenda regional de justicia fiscal y promover respaldo político a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional.
Un sistema tributario regresivo y con baja recaudación
Durante las reuniones y espacios de análisis, especialistas locales y representantes internacionales expresaron preocupación por la situación fiscal de República Dominicana. Actualmente, el país registra una presión tributaria de apenas 14.7% del PIB, ubicándose entre los niveles más bajos de América Latina.
Además, el sistema tributario mantiene una marcada regresividad. Mientras los impuestos indirectos —que gravan el consumo y afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos— representan el 8.7% del PIB, los impuestos directos sobre renta y propiedad alcanzan solo el 5.8%.
Latindadd advirtió que esta estructura limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, reducir desigualdades y garantizar derechos sociales.
Reuniones con autoridades e impulso al Pacto Fiscal
La agenda incluyó encuentros con varias instituciones del Gobierno dominicano. La delegación sostuvo una reunión con Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social (CES), y Ana Selma, secretaria general de la institución. Durante el diálogo, se destacó la necesidad de retomar el Pacto Fiscal pendiente desde 2012.
Asimismo, la delegación visitó la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), donde se abordó el papel estratégico de la institución en la formulación de políticas de ingresos, gastos y financiamiento público. También se resaltó la importancia de iniciativas como Presupuesto Abierto para fortalecer la transparencia y la vigilancia ciudadana sobre el gasto público.
Otro encuentro se realizó con el Departamento de Control Social de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, donde se discutieron mecanismos de control ciudadano y fiscalización del gasto estatal.
La delegación también dialogó con Camila Hernández, viceministra de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda y Economía, sobre la importancia de que República Dominicana respalde procesos internacionales como la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Tributaria Internacional.
Taller sobre justicia fiscal y tributación internacional
Como parte de la gira, el 15 de mayo se realizó el “Taller de Justicia Fiscal y Tributación Internacional” en la oficina de la Fundación Ebert, con participación de organizaciones sociales, especialistas y representantes de la delegación internacional.
La primera sesión, titulada “La situación fiscal de la República Dominicana: problemas, tendencias y perspectivas”, estuvo a cargo del economista Apolinar Veloz, quien analizó los desafíos estructurales de las finanzas públicas y sus impactos sobre la democracia y los derechos sociales.
Posteriormente, Jorge Coronado, representante de la RJFALC y Latindadd, presentó la Agenda Regional de Justicia Fiscal y destacó la necesidad de avanzar hacia sistemas tributarios más progresivos en América Latina y el Caribe.
Por su parte, Tomás Lukin, integrante de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, abordó la dimensión internacional de la tributación y subrayó la relevancia de iniciativas como la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe (PTLAC), el Compromiso de Sevilla y la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Tributaria Internacional.
El encuentro concluyó con una sesión de trabajo colectivo en la que las organizaciones participantes definieron estrategias de articulación y vigilancia ciudadana sobre las políticas fiscales.
Las organizaciones coincidieron en que República Dominicana necesita avanzar hacia un sistema tributario más justo, transparente y progresivo, capaz de reducir la carga sobre los sectores más vulnerables, combatir la evasión corporativa y fortalecer la inversión pública para un desarrollo más inclusivo.
Publicado originalmente en Latindadd.
Santo Domingo. La Coalición por la Seguridad Social Digna, conformada por las organizaciones gremiales, sociales, comunitarias y ciudadanas firmantes, hizo un llamado a realizar una reforma integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social, centrada en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de la población a la salud, las pensiones justas y suficientes, y la protección social plena.
Señalaron que la reforma integral de la Ley 87-01 está pendiente desde 2020 y, pese al funcionamiento de dos comisiones bicamerales en el Congreso Nacional y una Mesa de Diálogo convocada por la Presidencia de la República, ha sido imposible que se cumpla el mandato de transformar el Sistema Dominicano de Seguridad Social para garantizar los derechos de las personas.
Aseguraron que, en el centro de esta situación, se encuentran los intereses y las maniobras de las ARS y las AFP, en conjunto con la estructura de poder financiero, que ya han absorbido más de 130,000 millones de pesos de la seguridad social y han conseguido un enorme poder económico y político, y una potente captura institucional, para lograr que ningún cambio les afecte sus perspectivas de acumulación y ganancias.
La Coalición llamó al país a estar alerta al proyecto de reforma anunciado por el Presidente de la República, toda vez que se ha filtrado una propuesta elaborada por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la cual profundiza y radicaliza el régimen de negación de derechos, abuso, sufrimiento y despojo que imponen los intereses y negocios que se han adueñado de la Seguridad Social.
En ese sentido, aseguran, el proyecto de SIPEN y SISALRIL, según se ha filtrado y hemos podido estudiar, elevan a casi un 30% del salario las cotizaciones; consagra la desprotección en pensiones, sin derecho a una tasa de reemplazo definida; eleva la edad de retiro y el número de aportaciones; instaura la compraventa de cotizaciones; privatiza la administración de datos e información del sistema a favor de empresas particulares; otorga a las AFP el derecho a invertir nuestros fondos de pensiones afuera del país, mientras deja a las personas con discapacidad con pensiones de miseria, así como a los dominicanos y dominicanas que nunca pudieron contribuir producto de un modelo económico deshumanizado y excluyente.
Asimismo, mantiene la negación de derechos a través del conocido “plan básico” en tratamientos y medicamentos; despoja a SENASA de las cotizaciones de los empleados públicos y, finalmente, consagra por ley la destrucción de los servicios públicos de salud y la mercantilización total de los recursos tanto de SENASA contributivo y SENASA subsidiado.
En ese sentido, la Coalición exige que se conozcan, de manera transparente y democrática, todos los proyectos, y que, si el Poder Ejecutivo y Legislativo se encuentran amarrados de manos, convoquen a un referéndum popular para lograr una reforma a la Ley No. 87-01 que responda realmente a las necesidades de toda la sociedad y no a los intereses de los grupos de poder.
La Coalición por la Seguridad Social Digna enfatiza la necesidad de instaurar un Sistema de Pensiones solidario y justo, con tasas de reemplazo definidas para toda la población; salud integral y universal, sin planes básicos restrictivos ni copagos, gestionado por un Seguro Nacional de Salud (SENASA) moderno y fortalecido, que, a su vez, proteja a los servicios públicos de salud; protección total ante enfermedades graves y de alto costo; defensa del auxilio de cesantía y creación de un Seguro Nacional de Desempleo y Suspensión Laboral; y garantías de acceso pleno al Seguro Familiar de Salud para personas pensionadas.
Entidades que respaldan y se adhieren a esta declaración:
Red de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (ReoCofe)
Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO)
Asociación Ciudad Alternativa
Asociación de Agropecuarios del Valiente (ASODEVA)
Asociación de Envejecientes del Municipio de la Caleta.
Asociación de Ciegos del Cibao de la República Dominicana
Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (ACADISANDO)
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES-RD)
Articulación Nacional Campesina
Bloque de Organizaciones del Gran Valiente
Centro de Promoción Campesina Lemba
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE),
Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS)
Club María Auxiliadora
Comité de Desarrollo Comunitario Agua Dulce
Comité de Desarrollo Comunitario Villa María
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para Gabinete de Políticas Sociales.
Consejo Desarrollo de la Caleta (CODECO)
Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE)
Coalición Ambiental del Noroeste
Coordinadora Popular Nacional (CPN)
Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, Coophabitat
Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO)
Escuela Multitemática
Frente de Desarrollo Comunitario Luz Concepción
Frente de Desarrollo Comunitario El Caliche
Federación Sindical Mundial (FSM)
Federación de Juntas de Vecinos de Sabaneta, Santiago Rodríguez
Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID)
Foro Interbarrial Permanente (FOINPER)
Fundación Expresión Arte Salud y Género (FEARSAGE)
Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)
Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos (IRCARP)
Junta de Vecinos Los Uno, Los Salesianos
Junta de Vecinos del Ensanche Luperón
Movimiento por las pensiones de los servidores públicos (MOPESEP)
Movimiento Municipal por los Derechos del Municipio de la Caleta
Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT)
Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas (MCCU)
Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO)
Red Urbano Popular (RUP)
Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente (RESAFROS)
Publicado originalmente en Noticias SIN.
Santo Domingo. Este martes fue presentada la publicación “Un presupuesto sin pacto”, un análisis que evidencia que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 prioriza el equilibrio macroeconómico sin abrir espacio para la justicia fiscal, la redistribución del crecimiento ni el fortalecimiento de un Estado social capaz de garantizar derechos.
Según Rosa Cañete Alonso, economista y autora del estudio, hablar de política fiscal es hablar de derechos. Sin embargo, el presupuesto vuelve a presentarse como un ejercicio centrado en ajustar cifras sin responder a las preguntas esenciales: ¿cuáles son las prioridades del país?, ¿qué Estado queremos?, ¿quién paga y quién se beneficia? “Un presupuesto sin un Pacto Fiscal poco puede hacer para fortalecer la legitimidad del Estado y convertirse en un instrumento de desarrollo”, señaló.
El estudio advierte que República Dominicana permanece atrapada en un “bucle fiscal”, caracterizado por ingresos estancados, gasto creciente e ineficiente y un déficit crónico que se retroalimenta. Desde 2020, “los ingresos corrientes ya ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos corrientes”, lo que ha abierto un déficit primario desconocido antes en la historia reciente del país. El Estado ya no se endeuda para invertir, sino para pagar gastos cotidianos, una señal clara de deterioro estructural.
La publicación sostiene que recaudar más no bastará si no se gasta mejor. La calidad del gasto público continúa limitada por rigideces, clientelismo e ineficiencias que impiden transformar recursos en derechos efectivos.
El documento también pone el foco en otra carga estructural: la nómina pública. Entre 2005 y 2025, el empleo estatal se triplicó, creciendo un 61 % entre 2005–2012, un 73 % entre 2012–2019 y un 18 % adicional entre 2020 y 2025. En 2026, la nómina asciende al 5.53 % del PIB, el 34 % de todo el presupuesto nacional.
Rosa Cañete la economista y autora del informe plantea que “el problema no radica en el número de empleados públicos en sí mismo. Un aparato estatal más grande no es negativo si se traduce en servicios públicos más accesibles, eficientes y de calidad. El verdadero problema surge cuando ese crecimiento no responde a necesidades institucionales ni a mejoras en la calidad del servicio, sino a criterios políticos y clientelares.”
El informe señala que no tiene sentido hablar de pacto fiscal sin reforma institucional: recaudar más sin gastar mejor solo profundiza el problema estructural. En el presupuesto 2026, el presupuesto de la Presidencia asciende a RD$130,000 millones, el tercero más alto del país, superando el presupuesto conjunto de 12 ministerios más la Procuraduría. La Presidencia maneja más de 20 subprogramas y unidades ejecutoras, muchos con funciones fuera de su mandato. Aunque en 2021 se ordenó revisar el sector social a través del Decreto 497-21, la reforma nunca se concretó.
Entre los elementos más preocupantes se encuentra el elevado servicio de la deuda, que en 2026 consumirá uno de cada cinco pesos presupuestados. La autora subraya la urgencia de revisar exenciones fiscales de las cuales el 55% son a empresas y no se evalúan sus resultados, profesionalizar la administración pública y reorientar los recursos hacia inversión productiva y social. “El presupuesto debe dejar de ser un ritual técnico de estabilidad macroeconómica para convertirse en una herramienta de justicia fiscal, desarrollo y democracia”, afirmó.
El consumo de los hogares sostiene la mayor parte de la recaudación, mientras que las grandes rentas y patrimonios aportan proporcionalmente menos, en un país las 100 mil personas más ricas del país concentran más ingresos que los 8 millones de personas restantes. que presenta los mayores niveles de concentración del ingreso en el 1 % más rico de América Latina. Para Cañete, definir prioridades colectivamente es indispensable para legitimar una reforma tributaria progresiva y construir un sistema más justo.
Durante la presentación, Ricardo González, del Movimiento por una Justicia Fiscal, destacó que el país no puede seguir discutiendo presupuestos sin avanzar hacia un pacto fiscal que redistribuya cargas, elimine privilegios y ponga los derechos de la ciudadanía en el centro. “El Congreso no ha abierto vistas públicas para escuchar a la ciudadanía, hemos solicitado cita a la Comisión Bicameral del Congreso y aún no hemos recibido respuesta. Un presupuesto sin pacto fiscal y sin participación social será más de lo mismo. Quienes sostienen al país con sus impuestos deben tener voz en cómo se estructura el sistema”, expresó.
Esta publicación se enmarca en las iniciativas del Movimiento Justicia Fiscal, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil que, durante la actividad, reiteraron la necesidad de que cualquier cambio fiscal se construya de manera transparente, participativa e inclusiva, y demandaron que el pacto fiscal incorpore criterios de equidad y justicia tributaria que permitan reducir desigualdades y recuperar la legitimidad del Estado.
Para ampliar la información y conocer los hallazgos completos del análisis, te invitamos a consultar el documento aquí: https://bit.ly/presupuestosinpacto
Santo Domingo. En el marco del Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), se manifestaron frente al Palacio Nacional para exigir el cese de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional.
Los sectores de La Mina en San Isidro, Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo en el Distrito Nacional; El Carril de Haina en Bajos de Haina; así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente en el distrito municipal de La Caleta, Boca Chica, reclamaron su derecho a una vivienda digna, tal como establece el artículo 59 de la Constitución Dominicana.
Los moradores de La Mina, en San Isidro, fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en abril de 2021, en horas de la madrugada, mediante un uso desproporcionado de la fuerza pública. “No recibimos ninguna información previa de que se iba a realizar un desalojo; solo dijeron que el Estado había cedido el terreno a las Fuerzas Aéreas, y que por eso debíamos desocupar de inmediato. Expulsaron alrededor de 600 familias que llevaban hasta 20 años establecidas en la zona, donde incluso el propio Estado había construido infraestructura urbana, lo cual implica un reconocimiento del hábitat socialmente construido”, declaró Esther Soriano, vocera de la comunidad.
La historia se repite en Arroyo Lindo, en donde 250 familias fueron desalojadas el 6 de diciembre de 2022. “Llegaron a las cuatro de la mañana con grúas y militares a derrumbar nuestras casas. No dejaron que sacásemos nuestras pertenencias, nos trataron violentamente y hasta hirieron personas. Teníamos 11 años viviendo en el sector, con servicios públicos reconocidos por el Estado”, comentó Beatriz Ureña, vocera del sector.
En Nueva Jerusalén, pese a existir un proceso judicial en curso y una orden legal de no derribar más viviendas, las familias viven bajo la amenaza constante de ser expulsadas. “Desde 2023, miembros de la Fuerza Aérea irrumpen en la zona para desalojar familias sin previo aviso. Han derrumbado viviendas terminadas y en construcción, sin comunicación formal con los propietarios. Incluso han desalojado casas habitadas de forma violenta, provocando heridos entre las familias afectadas, todo esto sin justificación alguna”, denunció Mercedes de Jesús, representante comunitaria.
Por su parte, los sectores Carril de Haina (Bajos de Haina), Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Gran Valiente (La Caleta, Boca Chica) enfrentan amenazas de desalojo desde 2023. “Tenemos más de diez años habitando en la zona y formando hogares con esfuerzo y sacrificio. Vivimos con el temor constante de que lleguen en la madrugada y destruyan nuestras casas. Nos hemos reunido con autoridades políticas, pero, pese a todo el esfuerzo, seguimos en la misma situación”, manifestó un comunitario.
Las comunidades fueron acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la CNDH-RD, que han dado seguimiento a cada uno de estos casos. “Comunidades con más de diez años de existencia, que cuentan con servicios e infraestructuras públicas como acueductos, electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, recogida de residuos sólidos, calles y aceras, no pueden ser clasificadas como invasoras, ya que son reconocidas por el mismo Estado como sectores establecidos”, expresó Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbana Popular y representante de la comisión.
Las organizaciones advirtieron que los desalojos forzosos incrementan el déficit habitacional y agravan la vulnerabilidad de las familias afectadas. “Esta práctica refleja el predominio de una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado, mientras el Estado incumple su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna”, señalaron.
Asimismo, enfatizaron que el acceso a una vivienda adecuada y asequible está protegido por el marco jurídico nacional e internacional, y exigieron al Estado resarcir la deuda social con las comunidades afectadas. “Procesos como la recuperación de los ríos Ozama e Isabela deben garantizar la participación efectiva de las comunidades involucradas, como es el caso de Rivera del Ozama y Las Malvinas, a fin de evitar repetir experiencias como la de Domingo Savio, donde alrededor de 2,500 familias fueron desalojadas sin una indemnización justa ni una reubicación digna”, subrayaron.
Dentro de sus demandas solicitan el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización a las familias afectadas, participación comunitaria en las intervenciones urbanas planificadas por el gobierno, retomar el proceso de declaración de utilidad pública de terrenos habitados durante años por familias que son reclamados por particulares y continuar el Plan Nacional de Titulación en terrenos estatales ocupados de forma pacífica y prolongada.
Indicaron que el diálogo y la concertación son el camino y no la destrucción de viviendas y comunidades.
Santo Domingo. Diversos colectivos ciudadanos hicieron pública este martes una proclama en la que demandan la realización de un pacto fiscal con justicia social, que no incremente las cargas sobre trabajadores, clases medias ni personas en pobreza general y extrema. Bajo el lema “¡Que paguen más quienes ganan más!”, llaman a construir un sistema tributario progresivo, transparente y equitativo.
Los firmantes rechazan que la solución a los problemas fiscales del país se limite a aumentar impuestos al consumo o modificar tasas sin revisar el modelo de gasto público ni los privilegios fiscales. Señalan que los déficits y el endeudamiento público son consecuencia directa de una estructura tributaria regresiva, altos niveles de evasión y elusión fiscal, gasto clientelar, impuestos a la propiedad muy bajos y exenciones que benefician a grupos empresariales.
Crítica a reformas anteriores y al uso desigual del gasto público
El manifiesto recuerda que entre 2004 y 2012 se aprobaron siete reformas tributarias que no corrigieron las raíces del problema fiscal. Aunque el PIB ha crecido por décadas, la presión tributaria sigue estancada en torno al 12% del PIB, mientras el gasto público supera el 15%.
Los ciudadanos denuncian que el gasto corriente del gobierno central continúa dominado por nóminas clientelares, transferencias usadas políticamente y pago de deuda, en lugar de priorizar salud, educación, seguridad, transporte y eficiencia institucional. También advierten sobre corrupción en licitaciones y obras de infraestructura que benefician a consorcios privados.
Las consecuencias: endeudamiento y presión sobre los sectores populares
El documento alerta que el déficit fiscal ronda el 3% del PIB cada año y que la deuda pública supera los US$ 74,000 millones (61% del PIB), generando pagos de intereses que consumen cerca del 20% del gasto corriente y que no benefician directamente a la población.
Los firmantes consideran peligroso qué nuevas reformas vuelvan a cargar el peso sobre los consumidores vía aumento del ITBIS o ampliación de su base, mientras se mantienen exenciones, evasión y elusión que erosionan los ingresos públicos.
El manifiesto plantea que una verdadera reforma debe establecer impuestos progresivos: quienes más ganen y más posean, paguen más, aumentar la elasticidad de los ingresos fiscales para evitar reformas repetitivas, eliminar exenciones y privilegios injustificados y combatir con firmeza la evasión y elusión con un régimen de consecuencias ejemplar.
Proponen que se debe medir la eficiencia y el impacto del gasto público, implementar un Marco de Gasto de Mediano Plazo que oriente las inversiones en salud, educación, transporte, seguridad y producción. Además, exigen que el presupuesto público incluya metas e indicadores evaluables trimestralmente, permitiendo ajustes cuando el gasto no responda al interés social.
Ante lo que consideran una “escasa apertura institucional” para escuchar las demandas sociales, el manifiesto concluye convocando a construir un movimiento social democrático, amplio y participativo que exija en las calles políticas fiscales con justicia social, equidad y respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Entre las organizaciones firmantes están CIPAF, Articulación Nacional Campesina, IDEAC, CIDEL, Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, El Observatorio de Políticas Públicas de la UASD y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung.
Santo Domingo. Ante la emisión del decreto 531-25 que declara de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, Ciudad Alternativa (CA) alerta para que se garantice el derecho de familias con más de 60 años en los barrios a ser impactados, y no se repita la práctica del Nuevo Domingo Savio (NDS) de reubicar personas si garantizar un destino más digno.
Ricardo González, director ejecutivo de CA, trae a colación la práctica de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) en NDS de sacar familias de los barrios La Ciénaga y Los Guandules entregando dinero sin garantizarles viviendas en lugares seguros.
Considera que debido a políticas erradas de desocupación, gran parte de las familias a ser removidas en lo delante de los más de 10 sectores de las márgenes de los ríos citados serían de las mismas sacadas de La Ciénaga y Los Guandules para dar paso al NDS.
El citado decreto designa a la URBE y al Ministerio de Medio Ambiente como responsables de la ejecución y supervisión del proyecto que declara de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, en el ámbito metropolitano del Gran Santo Domingo. Tiene con propósito de lograr la regeneración física, urbana y ambiental de los terrenos ubicados en las riberas actualmente ocupados por asentamientos humanos.
El director ejecutivo de CA precisa que tienen documentado que la mayoría de familias que salieron del NDS terminaron en orillas de cañadas, zonas pantanosas cerca del río, pero los que lograron construir algún tipo de vivienda entran en la lista del déficit habitacional.
“El crecimiento que ha tenido la zona de Las Lilas, en Los Tres Brazos, los humedales del Ozama, la parte baja de Gualey y Las Cañitas, provienen de Domingo Savio, de donde fueron sacados, porque no tuvieron otras alternativas con los limitados recursos que recibieron”, apunta González.
Señala que no es que a la gente guste vivir a orilla de los ríos, sino porque es en esos lugares donde tienen acceso, porque con los recursos que les entregan no puede comprar en lugares dignos. “Entonces, esa práctica, el Estado dominicano debe erradicarla, porque no podemos trasladar el déficit habitacional a otras zonas vulnerables, porque lo que se precisa es disminuir el déficit habitacional”, subraya.
Estima que con el concurso de la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil se pueden generar proyectos de desarrollo de largo plazo, en la que el Estado pueda dar respuestas que no sea el desalojo, que URBE llama reubicación. Sugiere al gobierno poner en práctica el Plan Decenal de Viviendas que fue trabajado por toda la sociedad, el Estado y todos los sectores que intervienen en proyectos habitacionales, de donde salió un diagnóstico sobre lo que hay que hacer.
Otro decreto
En 2014 se emitió el decreto 260-14, que buscaba el mismo propósito que el 531-25, pero concentrado en las cuencas baja, media y alta de los ríos Ozama e Isabela, que provocó articular a todos los cabildos que se conformaron en una gran Mancomunidad del gran SD, instituciones del gobierno y entidades sociales, empresariales y ambientales.
Sin embargo, precisa González, el decreto fue dejado de lado por el presidente Luis Abinader, a pesar de que se elaboró un perfil con más de 50 proyectos, entre ellos, la Planta Potabilizadora de Aguas Residuales La Zurza, con una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.
Analizan decreto
Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Red de Organizaciones del Barrio 27 de Febrero (Reocofe), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), la Junta de Desarrollo La Cuaba y el Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta (Codecoc), analizarán la decisión del presidente Luis Abinader, al declarar la situación de los ríos Ozama e Isabela de “alta prioridad” nacional para los pobladores de barrios carenciados.
Los líderes barriales Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, Fiordaliza Guzmán y Elín Cuevas, Fabio Correa y Santo Carbajal Mota, sostendrán un encuentro comunitario y vecinales dentro de sus organizaciones este fin de semana, para analizar el decreto 531-2025 y que fijaran posición en las próximas semanas, ya que no permitirán desalojo compulsivo a los miles de ciudadanos que habitan en los ríos Ozama e Isabela como ha sido a la fecha el comportamiento del Estado cuando plantea proyectos de esa magnitud.
Sostienen que desde hace varias décadas las organizaciones sociales, comunitarias y religiosas de las riberas de estos ríos, han planteado la necesidad en los pasados presidentes Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y al propio presidente Luis Abinader; para que accionaran en relación con el daño ecológico producido por las aguas residuales de las industrias, empresas, hospitales y de los miles de hogares residentes en las cañadas y ribera de los ríos.
El decreto
El Decreto 531-25 designa a la URBE y al Ministerio de Medio Ambiente como responsables de la ejecución y supervisión del proyecto. El mismo establece los límites geográficos propuestos y dispone que para la ejecución de los trabajos necesarios en la intervención, se designa a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), a la cual se le atribuye la responsabilidad de remozar, construir y readecuar las infraestructuras, dotaciones y vías existentes.
De igual modo, desarrollar las que resulten necesarias, garantizando que las intervenciones respeten las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona. Asimismo, deberá realizar procesos de socialización con la comunidad afectada, a fin de asegurar la participación de los residentes en la intervención y rehabilitación, protegiendo sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo, así como gestionar la negociación y reubicación de los habitantes impactados por los trabajos que se lleven a cabo en los sectores objeto de la intervención.
Además, se encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsabilidad técnica y ambiental del proyecto, comprendiendo la evaluación y supervisión de las actividades que se desarrollen en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales. Asimismo, corresponde a dicho Ministerio implementar medidas de conservación para la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños afectados por el proyecto.
Cuando inicia
Es un proyecto que inició con la intervención norteamericana de 1965, que luego de su retiro, en 1968, dejó varias recomendaciones, entre ellas, la construcción de una avenida a todo largo del río Ozama que permita ofrecer respuestas rápidas dentro de la estrategia de control ciudadano. Es a partir de esa intervención, cuando las márgenes de los ríos Ozama e Isabela inician a ser ocupados por asentamientos humanos y que se consolidaron en las décadas de los 70 y 80.
Desde ese momento, surgen organizaciones como el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) para defender a la población de los desalojos compulsivos o forzosos. Además, entidades como Ciudad Alternativa (CA) para proponer soluciones alternativas a desalojos forzosos, tomando en consideración el derecho a la ciudad de los ciudadanos.
El primer triunfo de COPADEBA es el barrio de Guachupita, a finales de los 80, donde logró que pasara de una barriada con viviendas muy precarias a otro por apartamentos dotados de escuelas, clubes, iglesias, canchas, pero sobre todo, que las familias se quedaron en el mismo lugar. Durante el período 1986-1990, se elaboró un plan indicativo que planteaba los que se debía realizar en la zona norte con miras a la celebración del V Centenario en 1992, de donde surgieron los desalojos de Villa Juana y Villa Consuelo, quedando algunas obras pendientes.
Publicación original: Tiempo Directo
Santo Domingo. Ciudad Alternativa y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) presentaron este miércoles 3 de septiembre el proyecto “Marañón Eco Amigable: por un ambiente sano y una vida digna en República Dominicana”, el cual busca impulsar una transición ecológica justa, participativa y comunitaria, fortaleciendo las capacidades locales para enfrentar los desafíos del cambio climático y promover la defensa del derecho a un ambiente sano y a una vida digna.
La iniciativa, que beneficiará de manera directa a más de 3,000 personas, incluyendo mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes de las comunidades de la zona, es auspiciada por la Generalitat Valenciana, a través de la Cooperación Valenciana, como parte de su compromiso con la justicia social, el desarrollo sostenible y la construcción de relaciones solidarias entre los pueblos.
“Con este proyecto queremos aportar a la mejora de la calidad de vida de las diez comunidades que viven alrededor de la Cañada del Marañón y, en conjunto con los/as beneficiarios/as y las autoridades municipales, avanzar hacia soluciones principalmente basadas en la naturaleza para un manejo ambiental integral, a fin de lograr un impacto duradero”, declaró Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa.
Durante el acto, se destacaron las acciones previstas para articular la participación activa de titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones, fomentando la construcción de territorios resilientes y generando modelos de gestión ambiental sostenible que puedan replicarse en otros contextos del país. De igual forma, se presentaron los objetivos, acciones y resultados esperados de esta experiencia piloto, que incorpora un enfoque transversal basado en los derechos humanos, igualdad de género, justicia climática, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana.
El evento fue realizado en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y contó con la participación de autoridades municipales, representantes del gobierno y de diversas instituciones, líderes comunitarios y organismos de cooperación internacional, quienes reafirmaron su compromiso con la construcción de un modelo de gestión ambiental participativa y sostenible en la Cañada del Marañón.
Sobre las organizaciones
Este proyecto es un trabajo conjunto entre las organizaciones comunitarias del sector de Marañón, Ciudad Alternativa, institución reconocida por su labor en la construcción de ciudades inclusivas y sostenibles, y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), organización no gubernamental española con amplia experiencia en la promoción de la paz, los derechos humanos y la participación ciudadana.
Asimismo, cuenta con la participación especial de Projar, empresa valenciana, que aportará soluciones técnicas e innovaciones ambientales orientadas a la sostenibilidad y al manejo responsable de los recursos naturales, fortaleciendo las capacidades del pro