Comunidades urbanas marchan exigiendo el cese de los desalojos forzosos y un marco legal que garantice la vivienda digna

Santo Domingo. Comunidades urbanas del Gran Santo Domingo, acompañadas por organizaciones sociales, marcharon hoy desde el Congreso Nacional hasta la Oficina del abogado del Estado para exigir el cese de los desalojos forzosos y la adopción de medidas legales que garanticen la seguridad habitacional de miles de familias afectadas en los últimos años.

Sectores como La Mina en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo en el Distrito Nacional; El Carril en Bajos de Haina; así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo, El Gran Valiente, Sector la 22 y Mirador Aéreo en el distrito municipal de La Caleta, Boca Chica, denunciaron haber enfrentado desalojos y amenazas de expulsión pese a residir desde hace años en territorios donde el Estado ha instalado servicios básicos e infraestructura pública.

“Los desalojos forzosos masivos que han ocurrido desde 2021 han dejado a cientos de familias en extrema vulnerabilidad, profundizando la pobreza y aumentando el déficit habitacional del país. Esta práctica evidencia una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado, mientras el Estado incumple su obligación de garantizar este derecho fundamental”, expresó Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbana Popular y representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, plataforma que ha acompañado a las comunidades afectadas.

Las familias recordaron que estos desalojos vulneran derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes nacionales. “El derecho a una vivienda digna está consagrado en el artículo 59, y cualquier procedimiento debe respetar el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Además, la Ley 107-13 establece que toda actuación estatal debe estar debidamente motivada y ser notificada conforme a la ley”, afirmó Mercedes de Jesús, representante comunitaria de Nueva Jerusalén.

Las comunidades insistieron en la necesidad de avanzar hacia un marco normativo que establezca reglas claras para prevenir desalojos arbitrarios, garantice la notificación formal a cada familia afectada y obligue al Estado a ofrecer alternativas habitacionales en casos de vulnerabilidad. “Es urgente declarar de utilidad pública los terrenos donde, durante años, miles de familias han construido sus hogares con esfuerzo y sacrificio. Este sería un paso decisivo para garantizar estabilidad y reducir los conflictos territoriales”, señalaron.

Santo Domingo. Los miembros del Comité de Coordinación General rubricaron en la mañana de hoy, el “Informe final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana” y dispusieron la entrega formal del mismo, al Presidente constitucional Luis Abinader, como así también a los Expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y a los representantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.

En un encuentro realizado en el salón de reuniones del CES, los delegados presentes revisaron y rectificaron algunos textos, para finalmente suscribir el documento que recoge 26 líneas de acción, y un total de 151 propuestas, que condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este histórico proceso de concertación.

El valor de los consensos que recoge el informe, es fruto de las seis mesas de diálogo, en las que participaron delegados, actores clave y expertos, analizando y reflexionando seis ejes temáticos, en un proceso deliberativo abierto, plural y técnicamente riguroso, donde prevaleció el espíritu de cooperación por encima de las diferencias.

El informe exhorta a que los acuerdos logrados no sean solo un testimonio de buena voluntad, sino una guía para la acción, y a que cada compromiso se traduzca en medidas efectivas que repercutan en mejoras reales para la gente, entendiendo que el destino de la República Dominicana se escribe con la voluntad y el esfuerzo de todos.

Fiel a su misión constitucional y en el marco de la celebración de su 20 aniversario, el Consejo Económico y Social consolida su rol como principal órgano de concertación y espacio permanente de diálogo social institucionalizado.

El CES reitera que en los próximos días dará a conocer de qué modo, cuándo y dónde se concretará la entrega formal del documento al Presidente de la República y a los Expresidentes. Cumplida esa agenda, a través del portal institucional, el CES pondrá a disposición de toda la ciudadanía el contenido íntegro del informe final.

Santo Domingo. Las familias desalojadas del barrio Freddy Beras Goico, en Los Alcarrizos, demandan una solución definitiva a su situación de vivienda tras haber vivido durante cuatro años en condiciones infrahumanas en la escuela en construcción “Los Coquitos.”

El 6 de marzo de 2021, en la madrugada, 389 familias fueron desalojadas de manera forzosa por fuerzas policiales, sin previo aviso y en violación de acuerdos internacionales ratificados por el país. “La comunidad tenía más de 17 años establecida y contaba con servicios básicos como agua, electricidad, recogida de residuos sólidos, calles y aceras. Por eso, el Estado nos reconocía como un sector habitable”, expresó Tomás Moya, miembro de la comunidad y una de las víctimas del desalojo.

Desde entonces, 177 familias han vivido en condiciones de hacinamiento en la escuela “Los Coquitos”, enfrentando precariedades extremas. “Tenemos cuatro años aquí, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable. Vivimos en aulas, con lo poco que logramos salvar de nuestras casas. Ya se han muerto varias personas por depresión o enfermedades contraídas en estas condiciones”, denunció Eduviges, una de las afectadas.

Hoy, solo 66 familias permanecen en la escuela, mientras que otras han tenido que alquilar viviendas o buscar refugio con familiares. A pesar de ello, continúan organizándose para reclamar sus derechos. “Seguimos luchando pacíficamente para que nos devuelvan nuestros hogares, que construimos con tanto esfuerzo”, afirmó Rafael Trinidad, otro de los desalojados.

Los afectados exigen a las autoridades una indemnización justa que les permita reconstruir sus viviendas y retomar sus vidas con dignidad. “El Estado, según el artículo 59 de la Constitución, está obligado a garantizar condiciones para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. Es nuestro derecho vivir dignamente y dejarles un legado a nuestros hijos e hijas”, señalaron los comunitarios en su declaración.

A pesar de los años de incertidumbre, la comunidad mantiene la esperanza de que 2025 marque un nuevo comienzo con una solución definitiva a su situación.

Santo Domingo. La República Dominicana enfrenta un grave déficit habitacional que afecta a millones de ciudadanos, con el 44.1 % del parque habitacional en condiciones inadecuadas, según datos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED). Aunque el Plan Decenal de Viviendas (PDV) fue formulado hace un año, el gobierno aún no ha tomado medidas concretas para su aprobación, lo que retrasa significativamente la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar viviendas dignas para toda la población.

“El Plan Decenal fue elaborado en consenso con actores sociales, privados y gubernamentales, ofreciendo un camino claro y bien fundamentado para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. No solo aborda la falta de viviendas, sino también las deficiencias cualitativas, como la carencia de servicios básicos y la falta de seguridad jurídica. Garantizar viviendas dignas, seguras y adaptadas a las necesidades de la población es fundamental”, indicó Sócrates Peguero, representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, uno de los actores sociales consultados durante el desarrollo del Plan.

Para la Comisión, la inacción gubernamental respecto a la aprobación del PDV pone en riesgo la ejecución de una estrategia de Estado crucial para garantizar una vida digna a millones de dominicanos y dominicanas. “Cada día que pasa sin la aprobación del Plan, el país pierde la oportunidad de reducir el déficit habitacional, fortalecer la cohesión social y fomentar un desarrollo económico inclusivo”, señalaron.

El Plan Decenal de Viviendas tiene el potencial de transformar no solo el sector habitacional, sino también de impactar positivamente políticas sociales como el acceso a la salud, la educación y la seguridad ciudadana. Además, promueve la construcción de viviendas ecoamigables, el ordenamiento territorial y la prevención de riesgos ante diversas vulnerabilidades preexistentes, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y al combate del cambio climático.

“La aprobación del Plan Decenal de Viviendas es una necesidad urgente. Es momento de que el gobierno actúe con responsabilidad y visión de futuro, asegurando que los beneficios del Plan lleguen a las comunidades que más lo necesitan. La vivienda es un derecho humano fundamental, y su adecuada provisión es esencial para construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible”, enfatizaron.

Barahona. El proyecto NEXUS celebró el 4 de diciembre del 2024, un exitoso Foro Binacional sobre “Cambio Climático, Medio Ambiente y Frontera”. Con el propósito de generar un diálogo efectivo sobre los impactos del cambio climático en las áreas fronterizas, promoviendo soluciones conjuntas, la cooperación binacional y la integración de políticas públicas que den respuesta a las problemáticas que confronta la región.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del representante país de Christian Aid el señor Frankelly Martínez y Jenny Moron del Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA), quienes plantearon el interés de sus respectivas instituciones de contribuir con la reducción de los desafíos existentes en la Región fronteriza ante el cambio climático a través del acompañamiento de las diversas organizaciones comunitarias y sociales. Dado el valor que le atribuyen a los factores endógenos para lograr los cambios necesarios que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población en armonía con el medioambiente.

La presentación del informe realizado por la investigadora social Jenny Torres sobre vulnerabilidad global deja al descubierto los efectos del cambio climático en las regiones fronterizas, destacando como principales problemáticas: la escasez de agua, el mal estado de las viviendas, la desertificación y la pérdida de biodiversidad.

Por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) participó la Lic. Iveth Cruz encargada de la división de cambio climático del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional (VIOTDR), quien presentó el anteproyecto de modificación de la Ley de Gestión de Riesgo 147-02 y proyectaron datos de estudio e investigaciones desarrollados desde el gobierno central. También participaron los representantes provinciales del MEPYD, quienes presentaron las iniciativas gubernamentales ante el cambio climático en la región.

Mientras Alfonso Feliz de ASODIFIMO planteo los retos existentes para las personas con discapacidad en este contexto ambiental adverso con las diversas barreras que deben enfrentar y Ricardo Estévez, dirigente comunitario de Pedernales realizó un balance sobre los cambios que se vienen operando con lluvias o sequías extremas. Un elemento que intereso a los participantes fueron las acciones desarrolladas con la siembra de aguacate que ha contribuido con el aumento de la capa boscosa en Pedernales.

Ricardo González, director de Ciudad Alternativa, valoró en sus palabras de cierre del evento como trascendental, dado que el Foro se constituyó en un espacio de aprendizaje y conocimiento de la realidad climática. Sirvió para que los actores participantes pudieran profundizar el diálogo político entre los representantes, la sociedad civil, la cooperación internacional y del Estado. Agradeció la participación a las autoridades locales, gubernamentales, organizaciones; comunitarias, nacionales e internacionales, académicos y comunidades locales de la región fronteriza República Dominicana.

El Foro Binacional sobre Cambio Climático Medio Ambiente y Frontera fue organizado por el Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana MUDHA, Centro de Desarrollo Sostenible CEDESO, Ciudad Alternativa y Christian Aid, quienes se comprometieron a seguir fomentando estos espacios de diálogo en procura de políticas públicas que garanticen derechos a la población más vulnerables y protección medioambiental.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, organizaciones sociales y comunidades desalojadas se unen para exigir un alto a los desalojos forzosos en territorio nacional.

Santo Domingo. En conmemoración del Día Mundial del Hábitat, este lunes, se presentó la campaña “Gritos de la Ciudad”, una iniciativa impulsada por la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano y Ciudad Alternativa, que busca visibilizar la alarmante situación de desalojos forzosos que afecta a miles de familias en todo el país.

La campaña tiene como objetivo sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades sobre la crisis habitacional que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de una serie de actividades, como manifestaciones pacíficas, acciones artísticas y testimonios en las redes sociales, “Gritos de la Ciudad” busca poner de relieve el impacto devastador que los desalojos forzosos tienen en las comunidades, violando el derecho fundamental a una vivienda digna.

Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, expresó: “los desalojos forzosos no solo despojan a las personas de su hogar, sino que perpetúan un ciclo de pobreza y exclusión. Es una crisis silenciosa que debemos detener. Con “Gritos de la Ciudad”, queremos amplificar las voces de quienes han sido silenciados y exigir soluciones que respeten los derechos humanos.”

La campaña da visibilidad a desalojos forzosos ocurridos en territorio nacional en los últimos siete años. Entre estos se destacan La Ciénega con el proyecto Nuevo Domingo Savio en el 2018-2019 y el barrio Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos en el 2021, donde 389 familias con más de 30 años habitando en la zona, fueron expulsadas violentamente de sus viviendas sin justificación y, hasta el día de hoy, viven en una escuela semi construida en condiciones de hacinamiento.

Asimismo, comunidades como La Mina en San Isidro, barrio Barceló en Desarrollo en Santiago, Arroyo Lindo en el Distrito Nacional, Nueva Jerusalén, Brisas del Este y Los Tres Brazos en Santo Domingo Este, Santa Lucía, Valiente, Monte Adentro, Campo Lindo y Libertad, ubicados en el distrito municipal La Caleta y El Vacacional en Haina que han sido desalojadas o están en amenazas de desalojo, muestran su apoyo a la campaña a fin de que se busque una solución definitiva a esta problemática. 

“En este Día Mundial del Hábitat, se evidencia la necesidad de políticas públicas que prioricen el bienestar y la dignidad de las personas sobre los intereses particulares o el ánimo de lucro. Desde el Estado, se deben impulsar instrumentos orientados a las familias más empobrecidas y excluidas, que puedan desarrollarse fuera de la banca, desde la producción social del hábitat y que no incentive la realización de desalojos forzosos” enunció Sócrates Peguero, presidente de la Red Urbana Popular y representante de la comisión. 

A través de “Gritos de la Ciudad” las organizaciones sociales y comunidades afectadas hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que tomen medidas urgentes y efectivas que protejan a las personas del desalojo forzoso y garanticen el acceso a una vivienda adecuada para todas y todos.

Sobre la campaña

“Gritos de la Ciudad” se realiza en el marco de los proyectos “Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género, desde una perspectiva de producción social del hábitat” implementado en el país por Ciudad Alternativa en asociación con la Asamblea de Cooperación por la Paz, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de “Protegiendo el derecho humano a la vivienda y el hábitat con equidad” implementado por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) en asociación con la Asociación de Voluntarios en Servicio Internacional (AVSI)  y el Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS), financiado por Foro Ciudadano y Unión Europea. 

Santo Domingo. Ciudad Alternativa exhorta a la sociedad dominicana y a las autoridades competentes a aprobar un Código Penal que supere las limitaciones del actual, vigente desde 1884 con ligeras modificaciones. Este código resulta insuficiente para enfrentar la nueva realidad del estado constitucional y de derecho establecido en la Constitución.

A pesar de más de veinte años de intentos fallidos en el Congreso Nacional para aprobar una nueva versión del Código Penal, las propuestas presentadas han sido controversiales. Un ejemplo de esto fue la propuesta de 2014, observada por el presidente de entonces por sus contradicciones con otras leyes de igual jerarquía y por no alinearse con el espíritu de la Constitución Dominicana.

En la presente legislatura, el Senado de la República aprobó una de las peores versiones del código, que ahora está en manos de la Cámara de Diputados para una segunda lectura. Ciudad Alternativa se opone a la aprobación apresurada de un código punitivo que no respeta el espíritu democrático de nuestra Constitución y niega derechos fundamentales.

Rechazamos específicamente varias figuras en la pieza propuesta:

1. Corrupción Administrativa: nos oponemos a la prescripción de actos tipificados como prevaricación, considerando el impacto negativo de la corrupción en el desarrollo social y económico del país.
2. Responsabilidad Penal del Estado: es inaceptable el Art. 14 que excluye la responsabilidad penal de ciertos entes, incluyendo al Estado y otras entidades con conductas punibles recurrentes.
3. Derechos de las Mujeres: aunque valoramos las eximentes de responsabilidad penal del Art. 112, consideramos insuficiente la exclusión de razones legales que asisten a la madre en decisiones sobre su vida y salud emocional.
4. Delito de Violación Sexual: la definición del Art. 134 es limitada al requerir penetración para la tipificación del delito, lo cual es inadecuado.
5. Defensa de la Propiedad Privada: los Arts. 288, 289 y 290, si bien defienden la propiedad privada, vulneran el derecho a la vivienda y a la ciudad de comunidades en terrenos sin estatus jurídico regular.
6. Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: apoyamos la posición de CONANI y otras entidades que cuestionan el párrafo III del Art. 123 por su contradicción con la Ley 136-03 y el Art. 56 de la Constitución sobre el interés superior del niño.

La aprobación del proyecto en su forma actual, con énfasis en la penalización y aumento de penas como factores disuasivos, no es efectiva para la paz colectiva y la cohesión social. Instamos al Congreso de la Nación a asumir con responsabilidad la aprobación de un Código que responda a las necesidades presentes de la sociedad y sea coherente con la Constitución.

Pedimos al presidente de la República que, de ser necesario, observe y corrija las falencias del proyecto aprobado por el Senado y en proceso en la Cámara de Diputados. Invitamos a todas las fuerzas vivas de la nación, incluyendo sectores críticos dentro del partido de gobierno, a oponerse a la aprobación de un código que socave la cohesión social y la justicia.

Santo Domingo. La sociedad civil de la República Dominicana, representada por el Foro Ciudadano (FC), compuesto por más de 200 organizaciones sociales y comunitarias, presenta algunos temas para las grandes reformas que deberán producirse en los próximos cuatro años en las que figuran las institucionales y la Seguridad Social.

Asimismo, una reforma fiscal que involucre a todos los sectores, viviendas dignas para los sectores de menos ingresos, seguridad ciudadana con un cambio radical de la mentalidad de la Policía Nacional y verdaderas políticas sociales que disminuyan las desigualdades.

De igual modo, la reforma que garantice la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, miembro del FC, señala que con el control absoluto del Poder Ejecutivo y del Congreso, a partir de las pasadas elecciones presidenciales y congresuales, el Gobierno estaría en capacidad de transformar la realidad institucional, social, económica y política de la nación.

Sobre todo, indica, una gestión que ya cuenta con cuatro años en el ejercicio y que ha acumulado diagnósticos sobre lo que debe ser transformado para que el país avance.

En ese sentido, apunta, solamente haría falta la voluntad política para hacerlo, hasta sin el consenso de las demás fuerzas políticas y sociales.

Sin embargo, solicita al Gobierno impulsar un gobierno de concertación nacional con los diferentes sectores de la vida pública, no solamente con los políticos.

Sobre todo, dice, tomando en cuenta a los sectores populares y sociales, que casi siempre son excluidos: a pesar de que en ocasiones son escuchados, no son sentados en la mesa para tomar en cuenta sus planteamientos en cuanto a los problemas del país.

La Coalición por la Seguridad Social Digna, conjuntamente con el Consorcio del Proyecto Más Inclusión, exige más participación e influencia de jóvenes y mujeres en los procesos de reforma “Por una modificación a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social que garantice Derechos”.

En un gran encuentro reciente presentó en detalles la propuesta de un “Nuevo Sistema de Pensiones Justo y Sostenible en República Dominicana”.

Socializaron el contenido del estudio “Análisis y propuesta de un Sistema de Pensiones por vejez Justo y Sostenible como Alternativa al Sistema de Capitalización Individual” vigente en el país y que ha demostrado ser un fracaso en cuanto a las prestaciones que ofrece y ofrecerá a los afiliados. En el proyecto participan: Ciudad Alternativa, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, Alianza Femenina por la Inclusión (Afedis), el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep), la Escuela Matemática, Alames y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, entre otras.

Guadalupe Valdez, coordinadora del Comité Colegiado de Foro Ciudadano, señala que esta iniciativa es de gran relevancia para todas aquellas organizaciones que desde hace varios años luchan y se movilizan, exigiendo y haciendo incidencia en las calles para lograr una Seguridad Social Digna.

Considera que no es posible hablar de democracia, ni de un Estado Social de Derechos, si realmente los niños, mujeres, jóvenes, discapacitados, ancianos, no tienen una Seguridad Social Digna.

La presentación estuvo a cargo del economista y docente Francisco Tavárez, quien es uno de los autores del estudio presentado junto al doctor Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch Carcuro y los investigadores Francisca Barriga Yumha y Recaredo Gálvez Carrasco, estos últimos pertenecientes a la Fundación Sol, de Chile.

Esta última organización, junto a la Fundación Juan Bosch, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Coalición por la Seguridad Social Digna, compartieron la responsabilidad de la realización de este estudio.

Reforma Fiscal

Ricardo González estima necesario que el Gobierno impulse una reforma fiscal, pero como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), sobre todo a partir del 16 de agosto, cuando tendrá el control absoluto del Congreso Nacional. De esa reforma, estima, todos los sectores de la vida nacional deben salir gananciosos, sobre todo para romper con la desigualdad que ha generado el actual régimen tributario.

Considera que hay exenciones fiscales que tienen que ser revisadas, como las que se aplican a los sectores del turismo, las zonas francas y los sectores eléctrico y minero, entre otros.

De igual modo, que los subsidios no vayan a los sectores con mayor poder económicos, sino a los sectores marginados, tras recordar que RD es el segundo país con mayor desigualdad de América Latina, según la CEPAL.

“Hay que terminar con la contradicción de que siendo RD el país de mayor crecimiento económico de la región, sea al mismo tiempo el de mayor desigualdad, lo indica que la riqueza no es bien redistribuida”, subraya González.

Apunta que la reforma fiscal tiene que contribuir a combatir la pobreza y con ello disminuir las desigualdades sociales, pero para que se cumpla habría que proceder a la firma de un pacto nacional.

Ese pacto nacional precisa, es para evitar las evasiones que se producen en impuestos tales como el Itebis y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Cree que la reforma fiscal deberá garantizar una serie de derechos a los que toda la sociedad estaría de acuerdo, pero al mismo tiempo una mejoría sustancial en el gasto público.

Además, tiene que simplificar los procedimientos de pago de impuestos, con lo que se evitarían las evasiones y se facilitaría la tributación, ya que como existe actualmente se convierte en una traba.

El objetivo es recaudar más para disminuir desigualdades y reducir los compromisos con la deuda externa, para que de esa manera lo que hoy se paga en intereses en el mediano plazo se pueda invertir en la mejoría de las condiciones de vida de los dominicanos.

Sería entonces cuando podrían desarrollar los planes de viviendas y reducir el déficit habitacional que existe actualmente de un millón 300 mil casas.

Señala que ya existe un entramado entre la sociedad civil, el sector construcción de viviendas y el Gobierno que dio al traste con la Ley 160-21 y el Plan Decenal de Viviendas.

Se contaría con las herramientas para arrancar con un sector que va a contribuir a generar mayor igualdad con viviendas dignas a los más pobres, pero también va a dinamizar la economía.

Una de las propuestas consiste en producir viviendas que se quedan en manos del Estado para ser rentadas a las familias necesitadas, pero otra en producción social de hábitat, que es reconocer que lo que ya existe pueda ser mejorado con la participación de los propietarios.

Afirma que en la medida en que se disminuyan las desigualdades sociales, en esa misma medida baja la delincuencia común, pero la delincuencia estructural, enraizada, es el Estado quien tienen que resolverla.

Otro de los temas es el de la transparencia, ya que todavía no se está conforme con los logros obtenidos hasta el momento por la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, debido a que faltan reformas institucionales que den verdadera independencia al Ministerio Público y el Poder Judicial.

Publicada originalmente en el periódico Hoy.

Santo Domingo. Candidatos y candidatas a las elecciones municipales del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Boca Chica y La Caleta firmaron acuerdos de compromisos con organizaciones de la sociedad civil articulados al Foro Ciudadano por la transparencia, equidad y una correcta gestión municipal en el marco de la plataforma Polétika RD. 

Los acuerdos están sustentados por el marco jurídico legal que rige la vida institucional de los Ayuntamientos, la Ley 176-07 y lo establecido en nuestra Constitución. “El compromiso busca que el candidato o candidata electa ejecute un gobierno local que gestione de manera correcta todos sus recursos, ya sean humanos o económicos, y que garantice la participación comunitaria en la planificación de las acciones del municipio” informó Patricia Gómez de Jesús, representante de la plataforma Polétika RD y Foro Ciudadano.

Estos pactos contienen las prioridades que deben ser trabajadas por la autoridad electa, identificadas por organizaciones de la sociedad civil de cada municipio firmante. Los temas van desde la elaboración y ejecución del plan de desarrollo municipal, fortalecer el acceso a la información pública hasta mejorar los servicios básicos municipales, impulsar la creación de centros culturales y deportivos, contribuir a la reducción de la vulnerabilidad en materia de vivienda, desempleo, educación, salud y medioambiente. 

Las organizaciones participantes en la elaboración de los acuerdos fungieron como testigos de las firmas de estos compromisos por cada candidato y candidata y serán los veedores que le darán seguimiento a su implementación en sus respectivos municipios. “El gobierno local es la instancia más próxima a la ciudadanía, por tanto, los ciudadanos y ciudadanas recurren a estos funcionarios-as electos en procura de solucionar de manera conjunta problemas cotidianos que aquejan a sus municipios. Estas firmas son una herramienta para exigir esa participación ciudadana, que es nuestro deber y derecho como munícipes, y garantiza que se trabaje en las problemáticas reales de las comunidades” declararon las organizaciones. 

Los candidatos y candidatas que han firmado el acuerdo, hasta el momento, son:

• Distrito Nacional: Franiel Genao por Opción Democrática y Domingo Contreras por Alianza Rescate RD
• Santo Domingo Este: Luis Alberto Tejeda por PLD, Dio Astacio por PRM y Julio Romero por FP
• Santo Domingo Norte: Carlos Guzmán por Alianza Rescate RD
• Los Alcarrizos: Junior Santos por PRM, Yaco Alberti por PLD, Anselmo Vargas por PNVC y Cristian Encarnación por PRD
• Boca Chica y La Caleta: Daniel Ozuna por PRD y Aliados, Jacinta Rodríguez por GenS y Aliados, Santiago Sánchez por FA y OD, Sencion Beltre por PPG y Aliados, Fermín Brito por PLD y Aliados, Sócrates Peguero por FA y Aliados (La Caleta), Rolando Marmolejos por MODA y Aliados (La Caleta) y Máximo Soriano por PRM y Aliados (La Caleta).

Sobre Polétika RD

Polétika RD es una herramienta de vigilancia, análisis y seguimiento a los discursos de candidatos/as presidenciales y su nivel de compromiso con problemáticas sociales, que permite a las organizaciones sociales y comunitarias ejercer presión a las autoridades electas para su cumplimiento.

Esta plataforma está formada por organizaciones y movimientos de la sociedad civil que trabajan diferentes temáticas como salud y seguridad social, vivienda y hábitat, derechos de las mujeres, derechos de la niñez y adolescencia, entre otros.

Por la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano

En varios artículos que reseña la prensa desde finales de noviembre del 2023, se ha reiniciado una conversación sobre Domingo Savio (ese que sigue estando viejo a pesar del nuevo letrero) en donde se enfatiza:

1. Una transformación positiva de La Ciénaga y Los Guandules.
2. Urbanismo social e infraestructuras, como polideportivos y parques lineales.
3. Reubicación, indicando que se ha traslado de residentes de zonas inundables a viviendas seguras.
4. Participación, comentando el fomento de la inclusión comunitaria en el proceso de toma de decisiones. Dicen que los residentes se convirtieron en parte fundamental de la reconstrucción de sus hogares“se fomentó la participación y la toma de decisiones, permitiendo que los residentes se convirtieran en parte fundamental de la reconstrucción de sus hogares. Este enfoque participativo ha llevado a una transformación sorprendente en la percepción y la realidad de la comunidad.”
5. Resultados, presentando el proyecto como un éxito en integrar comunidades a la ciudad. Conexión con la ciudad
6. Ya la lluvia no es preocupación …
7. “Paseo del Río” es una de las obras más importantes porque prioriza más al peatón que al vehículo

Pero, ¿en dónde reside esa maravilla tan dulcemente narrada desde las oficinas de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios & Entornos (URBE)? ¿A qué obedece la prisa de inaugurar el domingo 17 de diciembre? A continuación presentamos algunas observaciones del pasado, del presente y de lo que esperamos sea el futuro, de uno de los barrios más poblados de la Circunscripción tres del Distrito Nacional.

• Una ¿transformación? positiva de La Ciénaga y Los Guandules

Acá nos encontramos probablemente ante una confusión semántica. La palabra transformación aduce a la ocurrencia de un cambio profundo y significativo en la forma, estructura, o apariencia de algo o alguien. Implica una alteración sustancial que puede ser física, estructural, o en términos de características y cualidades.

En el ámbito de proyectos urbanos, como el Nuevo Domingo Savio, la transformación indica cambios significativos en la infraestructura y el entorno social, mejorando la calidad de vida y el entorno de la comunidad. Una lee esa reseña e imagina algo así como que de repente en Domingo Savio llega el agua todos los días, las tuberías están dentro de las casas, se redujo de forma impactante el déficit habitacional, hubo una reducción importante en lo que sé refiere a los actos delictivos, mejoró la matriculación en el nivel secundario, ya no prima la ocupación informal, las calles son de repente adecuadas, hay iluminación en todas las vías. 

Pero al visitarlo, a dos días de la inauguración del rimbombante Nuevo Domingo Savio, sigue siendo una comunidad sin servicios, con déficit, en donde las personas continúan sobreviviendo en los callejones. Pese a que sea ha descrito con una cruel dulzura como la obra que transformó la vida de la gente y que los medios de comunicación insisten en que la desigualdad pasó, que el gobierno se ocupó y que ya todo va a estar bien, la pobreza y el abandono continúan, detrás de la farsa de la pintura gris y azul.

No importan que tan alto crezca el bambú, es imposible esconder los callejones en mal estado. Sí, es cierto, no saltarán a la vista. No se podrán observar tras la vitrina vanidosa de lo que se pretende exhibir en tiempos de reelección. Servirá para ganar glorias. Pero está claro para la gente que allí reside, que es una victoria hueca, vacía, podrida. 

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) podrá correr y cubrir con un enorme muro de zinc y madera las viviendas “feas” que dañarán las fotos de la inauguración de esa gran “transformación”. Pero el déficit sigue allí.

• Urbanismo social e infraestructuras, como polideportivos y parques lineales

En la prensa se habla del enfoque de Urbanismo Social como “profunda interacción con la comunidad”. Una interacción que para la URBE ha permitido escuchar las necesidades y preocupaciones y llegar a consensos “de lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer y lo que la comunidad acepta que se haga”. Al leer estas frases podemos imaginar un proceso en el que se han desarrollado numerosas asambleas en la comunidad con diversas técnicas de diseño urbano participativo en la que se han analizado las problemáticas para buscar soluciones en conjunto.

Nada más lejos de la realidad. Lo vivido en La Ciénaga y Los Guandules dista mucho de ser un proceso democrático en el que se ha tenido en cuenta las voces de las y los moradores del sector. Si hubiese sido de otra manera, la página web oficial de URBE contaría con todos los planos publicados del proyecto, con sus respectivos cambios basándose en los resultados de las asambleas. Sin embargo, en su página web solo podemos encontrar dos secciones y una planta de la Ricardo Carty publicada en agosto de este mismo año. Esto no es casualidad, ese plano fue el único compartido con la comunidad para poder llegar a acuerdos, debido a la incomodidad de las familias de la zona con el diseño una vez ya se había iniciado la ejecución de la obra.  

¿Será que lo social del urbanismo de URBE se refiere a intervenir zonas empobrecidas y nada tiene que ver con la participación y el consenso en la toma de decisiones? 

¿Y qué podemos decir de los equipamientos construidos? Si bien se han construido ciertas infraestructuras deportivas, aún seguimos esperando la construcción de las escuelas básicas, las estancias infantiles y el liceo prometido en el 2017 y que a día de hoy parece que ha dejado de ser prioritario. 

• Reubicación, indicando que se ha traslado de residentes de zonas inundables a viviendas seguras

Sin lugar a dudas que la “fantasía animada de ayer y hoy” más descarada ha sido la expresión “no solo se reubicó a los residentes de la parte inundable de La Ciénaga y Los Guandules, sino que también se involucró activamente en el proceso de transformación a los que permanecen en la zona” emitida por la arquitecta Rocío Vidal. 

Desconozco que fábula, qué ensoñación, qué ficción le contaron a la arquitecta, pero seguro es que el cuento de la reubicación fue fruto de una mente, no sé si brillante, pero sí con mucha imaginación. Ahí están los propios documentos que debieron firmar las familias en donde se certifica la entrega de cheques a cambio de las viviendas en las que residían en La Ciénaga o Los Guandules. 

En la propia página del antiguo gobierno del expresidente Danilo Medina (https://gobiernodanilomedina.do/noticias/nuevo-domingo-savio-urbe-se-reune-con-moradores-de-la-cienaga-y-acuerdan-continuar-los) se puede encontrar lo siguiente: “A las familias afectadas el Gobierno las compensa económicamente bajo el criterio de la composición de los hogares y los avalúos catastrales de las mejoras realizados por la Dirección General de Catastro Nacional”. 

El empresario González Cuadra decía en enero del 2018 “precisó que las mejoras a desalojar serán pagadas por el Gobierno para que el beneficiario decida dónde vivir, y agregó que el 30% de las personas que serán desalojadas viven solas” (https://www.diariolibre.com/actualidad/domingo-savio-arranca-en-febrero-con-inversion-inicial-rd-2-mil-mm-DM8907342). 

Se ha querido equiparar el proyecto Domingo Savio con la Nueva Barquita, no sabemos con qué intención. Pero debemos aclarar que nunca se planteó un proyecto habitacional para los habitantes desalojados en Domingo Savio. Nuestras investigaciones reflejan que muchas familias con los montos asignados, tuvieron que trasladarse a zonas con igual vulnerabilidad en la que residían o con peores condiciones. 

Reubicar significa sacar de un lugar y establecer en otro. Eso fue La Nueva Barquita. Desalojar significa sacarte de la vivienda en la que resides, compensar y “soltarte en banda”. Eso fue el Nuevo Domingo Savio. Nuevo no para todos.

En una de las encuestas realizadas, por Ciudad Alternativa, a familias desalojadas o que esperaban por ese proceso, el 85% de las familias consideraba La Ciénaga como su hogar, el 94.2% deseaba quedarse a vivir allí. El 63% decía sentir tristeza con el proyecto y un 71% manifestaba la solución adecuada era casa para casa (reubicación). 

¿Se involucró a la gente en el proceso? A lo largo de los años en los que transcurrió el proyecto, desde Ciudad Alternativa se realizaron, además de diversas encuestas, entrevistas en profundidad a las familias. El sentimiento que prevaleció en la gente no era precisamente el de sentirse parte: “Porque entonces le metían la gente como el cuco a uno, dique ellos si uno no lo cogían, entonces dique le ponían dificultad, y todo el mundo asustado y por eso uno firmó, pero uno no está de acuerdo”.

Les cambiaron el nombre de ciudadanos a invasores: “oye dique los invasores, mira cuántos años tenemos ya, yo tengo 48 y mi hermana 50 años viviendo, lo primero que nada más había 4 casitas, la de Efraín, la de un señor que tenía una fábrica de arroz que lo molía y el hijo de él que tenía una fábrica de blocks por aquí no había casa y nosotros buscábamos el agua en latica en la cabeza o nosotros amarrábamos, nos poníamos dos aquí y dos aquí. Eso sí, el río estaba tan limpio que nosotros hacíamos pozos y nos bañábamos, esto era lindo”.

• Participación y toma de decisiones en la reconstrucción de los hogares

Parece que URBE no recuerda que ya en enero de 2018, tras los estudios realizados por el geólogo Osiris de León, en prensa se dijo que el proyecto “en principio tenía contemplado la construcción de viviendas, pero se ha tenido que replantear tras declararse parte del territorio como no urbanizable” (https://eldia.com.do/proyecto-domingo-savio-sigue-a-pesar-de-su-replanteamiento/).

Nos sorprende que ahora se diga que las familias han participado en la reconstrucción de los hogares. Pero ¿de qué hogares están hablando? ¿Será de los hogares que las familias han tenido que construir tras el desalojo sin una alternativa habitacional? Porque en ese caso no podemos hablar de participación, en ese caso hablamos de la obligación de liderar un proceso para no quedarse en la calle. 

Como ya se ha dicho, el proyecto se ha centrado en la construcción de la avenida, y nada se ha hecho para reducir el déficit habitacional de las familias de Domingo Savio. 

• Resultados, presentando el proyecto como un éxito en integrar comunidades a la ciudad

Y es que parece que para URBE el sector Domingo Savio no es parte de la ciudad y por eso hay que conectarla con ella. Las más de 10,000 personas que han construido lo que es hoy la Ciénaga y Los Guandules con su propio esfuerzo y trabajo no forman parte de su concepto de ciudad. ¿Será por eso por lo que se ha dejado de hablar de la adecuación de callejones y escalinatas o el llevar nuevas redes de infraestructura urbana a cada hogar y el discurso se ha centrado en la construcción de la nueva avenida?

Una cosa sí está clara, el proyecto se ha focalizado en la conectividad, pero en una conexión de lo nuevo construido con lo que para URBE es la ciudad. La conexión del barrio preexistente con la avenida parece no ser lo que se buscaba. Dos días antes de la segunda inauguración de la primera etapa nos encontramos con personas que tienen que escalar un muro de aproximadamente metro y medio de altura para poder subir a la avenida, pasos de peatones que no llegan a ningún sitio, escaleras que suben a la avenida, pero no te permiten acceder y kilómetros de avenida sin entrada para vehículos. 

Y ahora, como regalo de Navidad, un nuevo muro de la vergüenza, hecho de zinc, para que él presidente y sus autoridades no vean “lo feo del barrio”.

Y si “la vía es conexión” nos preguntamos por qué, entonces, hay tanta necesidad de inaugurar una avenida que todavía no conecta con el puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de La 17). Si tan importante es para el proyecto agilizar el tránsito en dirección de sur a norte y viceversa y construir 8 paradas de autobús para alimentar la ruta del metro y teleférico, ¿por qué se entrega a la alcaldía del Distrito Nacional una primera fase con el tramo de la Respaldo 17 a medio hacer? 

• Y la lluvia no es preocupación

Será en URBE que no es preocupación la lluvia. Porque nos comenta la gente de la orilla, que cuando llueve se les inunda aún más su espacio. 

Se observa en la foto a la señora marcando el lugar hasta donde le llegó el agua en estas recientes lluvias de noviembre. Nos cuentan también de la pérdida de los trastes: neveras, abanicos, lavadoras, dañados por la lluvia. “Lo hubiera dejado como estaba antes a La Ciénaga” nos grita “porque nosotros antes no sufríamos toda esa agua”.

Relatan que han conversado con los ingenieros y los trabajadores que pasan, ahora apurados por la “urgencia” de la inauguración, y les responden que eso no es cosa de ellos, sino de URBE. En el mismo contexto de las lluvias recientes, los comunitarios debieron romper (señalado con la flecha) para que el agua pudiera fluir.  ¿No está al tanto URBE de eso?

Todo lo que ha “cambiado” está fuera. Fuera de lo cotidiano de la gente. Nada ha cambiado que mágicamente evite que las viviendas sufran con la llegada de la lluvia.

• “Paseo del Río” es una de las obras más importantes porque prioriza más al peatón que al vehículo

Una avenida sin barreras arquitectónicas donde las familias puedan estar tranquilas cuando sus niños y niñas jueguen porque no existe riesgo de que puedan ser atropellados por carros a alta velocidad. Eso es lo que nos imaginamos cuando se prioriza más al peatón que al vehículo, pero no es eso lo que se siente al pasear por esa avenida de 4 carriles sin un semáforo en sus casi tres kilómetros de longitud. 

El proyecto se ha centrado en el “Paseo del Río”, dejando la construcción de la marginal para fases posteriores. Las familias deben entonces transitar sobre lodo para llegar al inicio de rampas inaccesibles para personas en sillas de ruedas o con alguna dificultad para caminar. 

Y lo que es más impactante, en algunos casos las rampas no conectan con ningún paso de peatones ni acera por la que se pueda transitar, cumpliendo el “check list” de rampas en el diseño sin tener en cuenta la accesibilidad en su ejecución. 

El proyecto incluye también un carril para bicicletas, cuya única división de la zona peatonal es una línea azul dibujada en el suelo, impidiendo así la seguridad de los peatones. Y por no hablar de las aceras separadas de la calzada por muros y pilotillos que dificultan el caminar del peatón del que tanto hablan. 

Parece que la priorización se ha quedado en dejar espacio suficiente para caminar por el lado más cercano al río Ozama, pero haciendo prácticamente imposible el cruce hacia el otro lado, ese lado donde todavía vive gente, a quienes se les niega hasta el derecho a la verdad.