Foro Ciudadano rechaza promulgación Presupuesto 2019

Organizaciones sociales condenan que tanto diputados como senadores hicieran oídos sordos a propuestas de mayores recursos para vivienda y salud. Se alerta además que Presupuesto 2019 debilita participación social y limita roles de control y fiscalización del Congreso Nacional.

 

Santo Domingo.- A raíz de la aprobación en el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Proyecto de Presupuesto General del Estado previsto para el año 2019, Foro Ciudadano manifestó su rechazo total a la iniciativa, considerando que el gobierno utilizó su mayoría en ambos hemiciclos para aplastar las iniciativas ciudadanas presentadas por colectivos como Casa Ya (Comisión de vivienda y hábitat de Foro Ciudadano) y ADESA (Alianza por el Derecho a la Salud), quienes buscaban asignar mayores recursos en áreas fundamentales para la garantía de derechos a la población, como vivienda, agua y salud pública.

Foro Ciudadano denuncia además que la Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el senador por Pedernales Dionis Sánchez, “montó una obra de teatro” simulando un proceso de apertura al diálogo con distintos sectores, cuando en verdad la mayoría oficialista allí representada ya tenía su veredicto en contra previamente decidido.

“Genera una profunda indignación que en el presupuesto 2019 se le reduzcan los recursos a salud y vivienda entre un ↓3% y un ↓6% respectivamente, mientras que a los ingresos fiscales del gobierno se les proyectan incrementos de un ↑14% a costa de los impuestos de los sectores empobrecidos y la clase media”, declaró el colectivo.

Con una inversión prevista de tan solo RD$ 898.1 millones, vivienda presenta la inversión más baja en 16 años, equivalente al 0.02% del PIB cuando se requiere del 1% del PIB anual para superar el déficit habitacional. En el caso de Salud, República Dominicana es el segundo país de la región que menos invierte en el sector, con apenas un 1.8% del PIB para el año 2019, añadió.

De igual forma, Foro Ciudadano alertó que el presupuesto aprobado por los legisladores elimina las partidas vinculadas al objetivo general 1.3 ¨Democracia participativa y ciudadanía responsable¨ de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, mediante el cual se prevé el apoyo a mecanismos de participación social y demandas ciudadanas de sectores excluidos para canalizarlas en instancias correspondientes, así como el fortalecimiento de las capacidades de control y fiscalización del Congreso Nacional para proteger los recursos públicos y asegurar su uso eficiente, eficaz y transparente.

“Los/as legisladores/as han votado por un presupuesto que limita sus propias competencias y le da banda suelta al poder ejecutivo para gastar recursos a su antojo, profundizando la desigualdad y promoviendo el despilfarro en un año preelectoral”, destacó.

El colectivo mira con especial preocupación que para el año 2019 el gasto en publicidad del gobierno será 5 veces superior al de vivienda; en viáticos para funcionarios se gastará 3 veces más que en control de enfermedades prevenibles por vacunas y en recursos de uso discrecional del Presidente de la República dos veces más que en atención de enfermedades de alto costo. En el 2019, como año preelectoral, el control sobre el gasto público y la fiscalización del uso efectivo de los mismos para garantizar derechos, es un asunto de primer orden.

Ante la carencia de un debate presupuestario amplio e inclusivo, Foro Ciudadano llama a la ciudadanía a mantenerse en monitoreo permanente de la ejecución efectiva de este presupuesto, particularmente en sus comunidades de origen, y, a la vez, demanda que el gobierno abra los espacios municipales provinciales y regionales de participación efectiva de la ciudadanía en el presupuesto del año próximo, a través de los consejos de desarrollo que manda la Ley 498-06 de planificación e inversión pública, espacios que el gobierno ha mantenido inactivos durante 12 años.

 

Santo Domingo. -Organizaciones sociales y comunitarias del Gran Santo Domingo (GSD), con el apoyo de Ciudad Alternativa y Oxfam, presentan estructura artística en la plaza Galería 360, como parte de las actividades de Municipio.DO, una campaña de concientización que busca que los y las munícipes conozcan sus derechos y sus deberes en la gobernanza local, establecidos en la Ley 176-07, a fin de garantizar mayor calidad en servicios y participación social, especialmente de mujeres y jóvenes, en la gestión municipal.

 

La campaña se desarrolla en cinco municipios del GSD, con la finalidad de fortalecer el diálogo, la participación y la concertación entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales y de dar un seguimiento continuo del uso de los recursos asignados a fin de que se haga un uso adecuado de estos, tal como se establece en el artículo 21 de la Ley 176-07.

 

 

Esta es la tercera estructura presentada por la campaña Municipio.DO, la primera se realizó en el mes de junio con el municipio de Santo Domingo Este, continuando en agosto con Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte, en esta ocasión las personas que recorran estas instalaciones podrán conocer y sentir la realidad que le rodea mediante un contenedor de historias reales, expresaron sus organizadores.

 

La estructura evidencia de manera artística el día a día, las características y las necesidades de los sectores que componen el GSD, en esta ocasión enfatizando en torno al Distrito Nacional.

 

La campaña MUNICIPIO.DO se enmarca dentro de los proyectos: “Ciudadanía activa por una gestión municipal que reduzca las desigualdades urbanas, de género y exclusión generacional”, ejecutado con el apoyo del Ayuntamiento Madrid, en aras de contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática y a la cohesión social, reducir las desigualdades y reforzar la cohesión social en el municipio de Santo Domingo y el Proyecto Concertación Para la Acción (CONCERTA), ejecutado con el financiamiento de la Unión Europea.

1. Objetivo de la consultaría

Apoyar el proceso de recolección de insumos y evidencias, así como la elaboración de informe, sobre la eficiencia y calidad del gasto público en República Dominicana, en base a las líneas temáticas delimitadas en el marco de la Campaña Cambiemos Prioridades II.

2. Actividades/tareas principales

• Revisar documento sobre procedimientos metodológicos planteados en recogida de datos sobre calidad del gasto público;
• Participar en reuniones continuas con la coordinación general para la delimitación temática, recogida de data y generación de informe;
• Recoger evidencias a través de portales web y/o uso de ley de acceso a información pública;
• Generar data con estadísticas presupuestarias, realizar operaciones y cálculos específicos sobre eficiencia del gasto público, en función al método y las temáticas previamente planteadas por el equipo técnico coordinador;
• Realizar un diagnóstico exploratorio sobre aspectos tributarios, en función a acuerdo previo sobre contenido visto con el equipo técnico coordinador;
• Generar determinados capítulos descriptivos y analíticos con procedimiento, resultados y hallazgos, en función a las temáticas concretas planteadas y acordadas con el equipo coordinador.
• Asistir a la coordinación general en el proceso de elaboración del informe sobre eficiencia del gasto público en RD.

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Ciudad Alternativa realiza encuentro de intercambio de experiencias del Presupuesto Participativo Municipal junto líderes y lideresas de la comunidad. El encuentro fue realizado en las instalaciones de Visión Mundial el pasado viernes cuatro de mayo y participaron unas 30 personas de los diferentes municipios del Gran Santo Domingo.

 

El evento contó con la participación de Genry González, de FEDOMU, quien conversó sobre los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito municipal, además, introdujeron el  tema del reglamento y sus orígenes. De igual forma,  recalcó la importancia del presupuesto participativo y la necesidad  de llevar a mesa de discusión la revisión de los diferentes reglamentos que rigen la gobernanza local.

 

De igual forma el equipo del ODC detalló las cifras programadas y ejecutadas en los diferentes municipios del Gran Santo Domingo siendo el dato más impactante para los participantes el hecho de que solo a 24 de las 59 obras programadas en SDN se le está dando curso. Y que de las 3 obras priorizadas en el PPM en Boca Chica solo 2 han sido ejecutadas. El equipo del ODC resaltó que en todos los municipios del Gran Santo Domingo hay un desbalance en lo propuesto y lo ejecutado.

La actividad fue concluida con la participación de los comunitarios, quienes contaron sus experiencias con el PPM y las veedurías sociales aplicadas en sus municipios.

Investigación especial de Javiera Reyes para Ciudad Alternativa

La periferia de la capital de República Dominicana, como muchas otras en Latinoamérica, ha sido poblada siguiendo lógicas de emergencia, informalidad e ilegalidad. La proliferación de asentamientos vulnerables en los límites de la urbe surge como respuesta a la ausencia e inefectividad de políticas públicas responsables de garantizar el acceso a la vivienda y de planificar de manera integral el crecimiento del territorio. Este tipo de producción espontánea del hábitat en la periferia de la ciudad se caracteriza por una
acumulación de vulnerabilidades socioeconómicas y espaciales. Concentración y profundización de pobreza, edificaciones precarias en zonas de riesgo, escasa infraestructura urbana y nulo o limitado acceso a los servicios básicos. Sin embargo, estas vulnerabilidades no son sólo sociales y territoriales, sino que también jurídicas.

En esta línea, tres son las principales amenazas que se identifican entorno al hábitat informal en Santo Domingo y los municipios que lo circundan (Navarro, 1996; CONAU, 2006; Villalona, 2015): En primer lugar, la precariedad de los asentamientos al norte y este de la capital que aún no se han regulado y que siguen concentrando bolsones de pobreza; Le sigue la proliferación de asentamientos irregulares en la rivera del río Ozama, zona inundable que cada año durante las temporadas ciclónica se ve afectada por el aumento del caudal del río; La tercera amenaza se relaciona a la inseguridad jurídica respecto a la tenencia de tierras, que implica que un porcentaje importante de la población sea víctima o viva bajo el riesgo de la expulsión y el desalojo de las viviendas en las que habitan. Lo que se suma a las características y vulnerabilidades nombradas con anterioridad en cuanto a las condiciones socioeconómicas y
el equipamiento físico espacial necesario para la vida en ciudad, generándose una situación de doble vulnerabilidad.

Justamente, en este tercer punto es en que se profundiza mediante esta investigación. Las expulsiones forzosas son una práctica común en República Dominicana, pero son aún más frecuentes en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, donde existe un mayor número de personas afectadas por la falta de títulos de propiedad, situación que afecta 75% de la población del país (AGFE & UN-Hábitat, 2005). Es por esta razón que se escoge el municipio de Boca Chica como primer acercamiento a la problemática
de los conflictos socio-territoriales, y en especial aquellos asociados a la inseguridad de tenencia del suelo urbano, pues el municipio, y en especial el Distrito Municipal de La Caleta, ha sido foco de estas amenazas y desalojos que se remontan a hace más de 50 años.

El municipio de Boca Chica, ubicado a unos 40 kilómetros del centro de Santo Domingo, concentra aproximadamente 142.000 personas, según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, en una superficie de 140,9 km2 y con una densidad poblacional de 1.008 habitantes por km2. Los orígenes formales del municipio se remontan al inicio del siglo XX, con la construcción del Ingenio de Andrés, central estatal destinada al procesamiento de la caña de azúcar. La instalación de la central azucarera conllevó un movimiento de trabajadores a la zona, quienes serían sus primeros pobladores foráneos. En estos primeros años fue constituido como un territorio que absorbió la migración urbano-rural, por su proximidad con la capital, pero también por la creciente demanda de trabajadores para las plantaciones de caña de azúcar. Después de la década de 1940, la zona costera del municipio se proyectó como un punto de interés turístico, marcado por la construcción del Hotel Hamaca. Interés que se ha mantenido hasta el día de hoy.

En los años que siguieron, producto de diversos factores, tanto naturales como políticos, su población apostada en la costa fue desplazada, expulsada o reubicada en los barrios que de cierta manera componen lo que hoy es la zona urbana del municipio. Debido a esto, muchos de los barrios que concentran la población urbana en la actualidad se inscriben en una lógica de ciudad autoconstruida, con una relación con la propiedad problemática e irregular.
En la actualidad, existe una confusión e incertidumbre asociada a la tenencia de los terrenos que, con el aumento del valor de la tierra, han amenazado y amenazan a su población. Estos conflictos, como se detallará más adelante, se concentran en la zona urbana del distrito municipal de La Caleta.

 

 

Santo Domingo. – El pasado miércoles 21 de febrero en las instalaciones de la organización Ciudad Alternativa, se sostuvo la primera reunión del Equipo Político del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) correspondiente al año 2018.

El encuentro se realizó con el objetivo de articular y validar la planificación del Equipo Técnico del ODC con las acciones de las organizaciones comunitarias que participan en el espacio del Equipo Político, a fin de acompañarlos en los procesos de lucha para la defensa y garantía del disfrute por el Derecho a la Ciudad y la demanda en mejoras de la calidad de vida en sus territorios. Esta actividad contó con la participación de diferentes representantes de las organizaciones comunitarias pertenecientes a los sectores de La Caleta, Los Tres Brazos, Los Platanitos, la 3era circunscripción del Distrito Nacional y Santo Domino Norte (SDN) y el Equipo Técnico del ODC.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) es una unidad de análisis que acompaña a las organizaciones comunitarias proveyendo informaciones y análisis de la problemática territorial urbana para las articulaciones de sus demandas con el objetivo de generar cambios en las políticas públicas territoriales, mediante el cual Ciudad Alternativa se permite poner a disposición de los actores cívicos y tomadores de decisiones, datos confiables con miras a promover soluciones económicamente factibles y socialmente concertadas.

 

 

Santo Domingo.- En los días 24, 25 y 26 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de Ciudad Alternativa un taller sobre el Sistema de Monitoreo Ciudadano a la Administración pública (SIMCAP) con el objetivo de dar a conocer a los(as) diferentes líderes(as) comunitarios(as) el proceso de implementación de veeduría ciudadana, los atributos de la Ley de Administración Pública, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley de Municipios para la participación de los(as) ciudadanos(as) en el diseño, la ejecución y el control de las políticas públicas en sus territorios.

El taller contó con la presencia de 30 participantes representantes de distintas organizaciones de Santo Domingo Norte (SDN), Santo Domingo Este (SDE), Distrito Nacional (DN), Los Alcarrizos y Boca Chica  a fin de los(as) mismos(as) participen y ejerzan veeduría social para mejorar la calidad de los servicios, que son competencia de la gestión municipal, considerando las necesidades específicas de mujeres, jóvenes y personas con capacidades diversas.

La actividad que realiza Ciudad Alternativa  se desarrolla en marco de las iniciativas “Concertación para la Acción: por un desarrollo inclusivo, sostenible y con participación popular (CONCERTA)”, y “Ciudadanía activa por una gestión municipal que reduzca las desigualdades urbanas, de género y exclusión generacional (CiudActiva)” con el objetivo de contribuir a la consolidación de la democracia participativa de los municipios en la planificación y ejecución de programas y medidas que fomenten la inclusión y el desarrollo económico local, y superar las desigualdades urbanas, de género, pobreza y exclusión social.

Las capacitaciones fueron impartidas por Anthony Brice, Analista Principal del Observatorio por Derecho a la Ciudad (ODC) de Ciudad Alternativa.

 

Actualmente en el país se discute la nueva metodología para realizar el cálculo del déficit habitacional.

En esta discusión entra, por un lado, la metodología oficial desarrollada por al Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), emitida inicialmente en 2010 con datos del Censo del año 2002 y actualizada posteriormente con datos del año 2010 y publicada en 2014.

Por el otro lado, la metodología oficial de la ONE se contrasta con la propuesta por la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), que pueden encontrar en el Sistema Dominicano de Indicadores Sociales (SISDOM).

Si desea aportar a esta discusión no dude en escribirnos al correo ciudadalternativaredes@gmail.com.

Click aquí para acceder a la metodología 2002

Click aquí para acceder a la actualización 2010

Click aquí para entrar a la página del SISDOM

FC llama a abrir las puertas del Congreso para debatir el presupuesto con la ciudadanía

Santo Domingo. -Foro Ciudadano (FC), espacio articulado por cientos de organizaciones y movimientos sociales, y la campaña Casa Ya, impulsada por la comisión de Vivienda y hábitat de este colectivo, realizaron la asamblea informativa de FC, con el tema central: las marcas de la política habitacional. Donde se abordaron las particularidades que toma el ejercicio del derecho a una vivienda digna en República Dominicana. Además, se llamó al Estado e revisar el presupuesto en pro de la garantía de este derecho constitucional.

Aseguran que los datos del último Censo arrojaron que el país arrastra un déficit habitacional superior a los dos millones de vivienda, y que aumenta unas 37 mil viviendas al año, situación que ha causado que el 71% de la población del país viva con alguna carencia habitacional, ya sea por deficiencia estructural, de servicios o la ausencia misma de una vivienda.

Por ello el grupo cataloga como insuficientes y desalentadores los esfuerzos del Estado para combatir la problemática habitacional. Pues la inversión en la sectorial en los últimos años se ha caracterizado por paupérrima, y más si se compara con la magnitud del déficit. Para el 2018 la inversión propuesta es de apenas el 0.09% del PIB y se prevé que será ejecutado por unas siete instituciones.

“Este nivel de dispersión evidencia que el derecho humano a la vivienda no figura dentro de las prioridades de la actual administración pública”, aseguran.

Por ello Foro Ciudadano y las organizaciones que le componen llaman al Estado dominicano a emplear el presupuesto nacional para garantizar más y mejores derechos. Añaden que para lograrlo el Gobierno debe de auditar todas las entidades del Estado, ya que disminuir la duplicidad institucional de unas 77 instancias representaría un ahorro potencial de unos 13,000 millones, según un estudio publicado por Oxfam República Dominicana.

La misma investigación señala que el ahorro general sería de unos 90,920 millones anuales (2.5% del PIB) de eliminarse el malgasto, que también incluye mal uso de la nómina pública, propaganda, viáticos, uso discrecional del presidente, entre otros.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en la asamblea informativa de Foro Ciudadano, donde, además, el colectivo resaltó la necesidad de que se revise el presupuesto junto con los actores de la vida nacional a fin de que este instrumenta sirva para responder a las demandas sociales del país y garantizar derechos a la población. Aseguran que la solicitud de participar en la revisión del presupuesto se enmarca en el ejercicio del derecho a la participación que asiste a cada ciudadano constitucionalmente.

Con estos recursos se podría financiar el 45% de la inversión proyectada para cerrar brechas de educación, salud, vivienda y seguridad social.

El Gobierno dominicano malgasta anualmente recursos equivalentes al 2.5% del PIB. Este año 2017 son unos RD$90,920 millones, que equivalen al 13% del presupuesto general aprobado.

Así lo revela el estudio Se buscan recursos para garantizar derechos, presentado este miércoles por Oxfam República Dominicana, levantado por los economistas Rosa Cañete y Rafael Jovine, buscando demostrar que hay espacio fiscal para garantizar derechos básicos que son violentados con una reestructuración del gasto.

Los principales problemas se generan en la nómina pública, donde se malgastan recursos equivalentes al 1.1% del PIB; la corrupción, que cuesta 0.7% del PIB y, finalmente, la duplicidad de funciones de las instituciones y la existencias de organismos inoperantes, que generan malgasto por un monto equivalente al 0.65% del PIB.

El documento revela que si se corrigen estas fugas, el ahorro generado cada año podría financiar el 45% de la inversión proyectada en la Estrategia Nacional de Desarrollo para cerrar las brechas de educación, salud, vivienda y seguridad social.

Malgasto en la nómina pública: 1.1% del PIB 

La nómina pública, juzgando por el volumen de recursos malgastados, es el campo con más margen fiscal si se optimiza el gasto. Su sobre abultamiento o las llamadas “botellas” y los viáticos desproporcionados tienen un costo equivalente al 1.1 del PIB.

Este cálculo se hizo a partir de la cantidad de servidores públicos por cada millón de habitantes. Los datos fueron comparados con los de otros países de la región y la diferencia entre la cantidad que tiene el país y el promedio regional fueron considerados empleados innecesarios.

“La cantidad de empleados públicos por millón de habitantes en República Dominicana es casi un 28% mayor a la de los países centroamericanos”, se expresa en el documento.

En este capítulo, el estudio expresa que hay una “alta concentración de la nómina pública bajo la gestión directa de la Presidencia de la República”, que tiene 13,135 empleados.

Se trata de la nómina más elevada del Estado, si se excluyen las de Educación y Salud, que cuentan con 185,000 y 66,000 empleados, respectivamente.

Otro ejemplo destacado es la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí se citan ejemplos de “empleados” como los merengueros Sergio Vargas y Jonny Ventura (con sueldos de RD$50,000 cada uno), el ex presidente del Senado Florentino Carvajal y el gastroenterólogo Isidro Santana, con salario de RD$37,550, entre otras personalidades.

Desvío de fondo por corrupción: 0.7% del PIB

En corrupción se desvía el 0.7% del PIB cada año, concluye el levantamiento. Los propios investigadores reconocen que es una estimación conservadora, dado que se calcula a partir los montos envueltos en los casos de corrupción que han llegado a la justicia o salido en los medios.

Es decir, que la corrupción que no sale a la luz pública no está considerada en esta estimación.

Entidades que sobran y duplicación de funciones

Esta es otro campo en el que el Estado pudiera ganar eficiencia fiscal si realiza una auditoria y aplica correcciones: cerca de un 0.65% del PIB, según el estudio.

Solo los ajustes en 50 entidades con funciones duplicadas, “eliminando algunas y fusionando otras”, permitirían un ahorro potencial de recursos sería de RD$8,676 millones solo en 2017.

Esta cantidad es equivalentes al 0.24% del PIB de este año. Para el periodo 2018-2020 el ahorro anual podría ascender a, en promedio, RD$9,389 millones o un 0.22% del PIB.

El sector que generaría más ahorro por este concepto es la Presidencia, donde “eliminando el Despacho de la Primera Dama y la OISOE se prevé un ahorro potencial de unos RD$4,212 millones.

Si también se eliminan los consejos y comisiones “que sobran” el Estado podría obtener un ahorro potencial de casi 13,000 millones este año, equivalente al 0.4% del PIB.

Estos organismos suman 53 en el aparato estatal (han operado entre 2014 y 2017). El 45% funcionan con recursos asignados a través de la Presidencia.

Puedes descargar el informe aquí