Los sectores populares en el Gran Santo Domingo

Por Nicolás Guevara

Como dirigente social que fui durante más de dos décadas, y actual asambleísta de Ciudad Alternativa, siempre me palpita la preocupación por el desarrollo territorial, sobre todo, del gran centro urbano del país. De ahí, la presente reflexión con ribetes de desahogo.

El siglo XX fue el siglo de la configuración urbana de lo que hoy llamamos Gran Santo Domingo. Desde luego que pudiéramos decir lo mismo de los distintos centros urbanos del territorio nacional. Intervención estatal, migraciones, esfuerzos mancomunados y autogestionarios han estado a la base de esta consolidación capitalina y su constante crecimiento periférico. Esto ha generado situaciones de hacinamiento, precariedad de servicios básicos y afectación de cuerpos de agua fundamentales para la vida.

Según el último censo nacional realizado en 2022, el número de personas que viven en el Gran Santo Domingo es de 3,798,698, es decir, el 35.2% de los habitantes de la República Dominicana. Esto representa un gran desbalance poblacional respecto a las 30 provincias restantes del país. El dato es preocupante porque también esta población creció cerca de millón y medio de habitantes en doce años, comparado con el censo de 2010, cuando era de 2,374,370. Sin dudas, es una situación generada por la reproducción y la migración. Más aún, entre las causas de esta problemática hay que agregar las siguientes:

La concentración de la inversión pública en la capital del país. Hay quienes la justifican por el número de habitantes, pero, a su vez, eso provoca que dicho centro urbano sea visto como el lugar de mayores oportunidades de trabajo, mientras el campo y los pequeños municipios sean percibidos como territorios con pocas posibilidades de mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, el trabajo rural y en los territorios empobrecidos alejados del gran centro económico del país queda desvalorizado. Asimismo, factores globales de cambio sociocultural y tecnológico impactan cada vez más en la juventud, no solo dominicana sino de todo el planeta. Una muestra de esto es que, en el caso de nuestro país, las últimas generaciones nacidas en el campo prefieren ser “motoconchistas” en centros urbanos, aunque ganen igual o menos que si trabajaran la tierra. Hoy, más que nunca, se prefiere lo urbano como opción de convivencia en un mundo globalizado marcado por el entretenimiento digital y fugaz. De manera que enfrentar esta problemática requiere trascender el ámbito meramente económico y reflexionar sobre la incidencia de los cambios globales en nuestra sociedad.

Lo cierto es que el Gran Santo Domingo no para de crecer poblacional, vertical y horizontalmente. Se trata de un dilatado proceso de construcción y ampliación de la ciudad que implica una gran cuota de autogestión por parte de las familias, el sector privado y luego, a partir de sus demandas, tímidamente va ocurriendo la intervención estatal de manera puntual, fragmentada y con zigzagueante regulación, a través del gobierno central y los débiles gobiernos locales.

Hay que agregar que en las últimas décadas las organizaciones que componen el tejido social comunitario se han ido debilitando o desapareciendo, mientras en sus respectivos ámbitos, los microtraficantes y los riferos, con sus consocios, se disputan el territorio en complicidad con policías y grupos políticos. Han sido los gobiernos los responsables de que en la actualidad haya más de treinta y cinco sorteos de lotería diarios sangrando a las familias más pobres, aunque algunos de ellos se realicen fuera del país. Jugar a la suerte ha sido incentivado por decisiones estatales, llevando a la población a vivir en una “ludodemocracia”, pues la cantidad de sorteos va en camino a duplicar las horas del día.

A todo esto, se suma lo más esencial, cinco décadas de democracia en un país con políticos que al llegar a la administración pública colocan mayor esfuerzo en abordar procedimientos democráticos y generar beneficios corporativos y personales que en propiciar justicia y equidad social. Además, en términos generales, realizan una doble concentración de la inversión pública, pues no solo la ejecutan en los centros urbanos sino también en la zona central de dichos centros profundizando así la segregación social y económica mientras los sectores periféricos y populares quedan con algunas intervenciones.

Como resultado, tenemos un Gran Santo Domingo con centros urbanos y periferias de barrios donde se sobrevive a partir de una economía predominantemente informal. En estos sectores populares, familias son beneficiarias de políticas sociales asistenciales y sufren la limitada calidad de los servicios públicos.

Lo planteado anteriormente significa un cuestionamiento a los fundamentos de la democracia vigente, a la dirigencia política y sus proyectos societarios y también a la dirigencia social y su relación con las autoridades. En consecuencia, en este contexto cabe preguntarse, ¿cuáles son los principales desafíos de cara a la promoción de la justicia y equidad social? De ahí, la importancia de reiterar lineamientos como los siguientes:

Potenciar las estrategias de desarrollo regional y provincial, no solo en el Gran Santo Domingo, además de respaldar los planes de desarrollo municipal en todo el territorio nacional. Esto supone generar sinergia entre gobierno central, gobiernos locales, entidades sociales y actores productivos, para mejorar las economías locales y la calidad de vida, lo que puede incidir en la disminución de la migración hacia los centros urbanos.
Diseñar y desarrollar planes de mejoramiento urbano integral desde el gobierno central y los gobiernos locales con el concurso del conjunto de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Hay propuestas y experiencias que avalan este enfoque, en América Latina y el nuestro país, como la de Ciudad Alternativa y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA.
Desarrollar programas de mejora progresiva de servicios públicos esenciales, saneamientos de cañadas y recuperación de riberas de ríos y de los espacios públicos, a la vez que se regula su uso.
Reenfocar las políticas sociales para trascender el asistencialismo, de manera que puedan ser orientadas en función de los derechos fundamentales y potenciar el desarrollo de las capacidades personales y de las organizaciones territoriales. Igualmente, fomentar el empleo de calidad, los programas de acceso a vivienda adecuada y la salud preventiva desde el ámbito comunitario.
Impulsar iniciativas de fomento del cooperativismo, limitar y desincentivar el juego de lotería. Ese debería ser un compromiso ético de los gobernantes y las fuerzas políticas.
Crear y desarrollar programas destinados a la juventud atendiendo a las necesidades del nuevo siglo, con formación orientada a la inserción productiva y desarrollo en el ámbito sociocultural y tecnológico.
Desarrollar políticas educativas con énfasis en formación ciudadana. Esto como iniciativa del gobierno central y los gobiernos locales conjuntamente con la corresponsabilidad de las entidades que conforman el tejido social. Esta formación incluiría experiencias vitales en las cuencas de los ríos, las playas, los parques, las comunidades ubicadas en zonas de riesgo como cañadas, entre otras.

Abordar la problemática del Gran Santo Domingo implica una intervención coherente en todo el territorio nacional, un reenfoque de las políticas públicas y una corresponsabilidad de actores en el marco de una gobernanza democrática orientada hacia la justicia social más allá de los programas de gobierno y discursos de campaña.

Artículo publicado originalmente en Acento.

Por Nicolás Guevara

Una premisa: la gobernanza democrática

Después del Plan Decenal de Educción formulado en los años 90, el Pacto Educativo firmado en 2014 es el hito más relevante de la educación dominicana, tanto por su proceso participativo de construcción como por el horizonte trazado a 2030. Por ello, es pertinente plantear algunas ideas sobre su gobernanza. Este concepto remite a una interrelación equilibrada entre actores estatales y no estatales para abordar problemas de interés común en el marco del diseño y desarrollo de políticas públicas. Puesto en perspectiva, demanda de actores con vocación democrática que posibilite el reconocimiento de los otros como legítimos en la relación. Por tanto, la empatía, la capacidad de concertación y de llegar a acuerdos es una cualidad necesaria en ellos. Así, la autoridad se ejerce en el marco de una institucionalidad democrática (con normas, espacios, estructuras) que favorecen la participación en la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Todo orientado hacia el logro de los resultados previstos.

Las instancias clave del Pacto

El Pacto Educativo cuenta con un conjunto de instancias que deben garantizar su gobernanza. Entre ellas, el Comité de Coordinación Conjunta, CCC, que antes de la fusión de ministerios incluía a MEPyD y al Consejo Económico y Social, CES. Su finalidad es promover la continuidad y la transparencia de los procesos, la adopción de metodologías de trabajo y propiciar un permanente flujo de información. Para ello, dispone de un Comité Técnico de Apoyo, CTA. Otra instancia es el Comité de Monitoreo y Evaluación, compuesto por MESCyT, MINERD, INFOTEP y organizaciones con responsabilidad directa en la ejecución de los compromisos derivados del Pacto. Además, está el Comité de Veeduría Social, CVS, compuesto por instituciones y organizaciones firmantes que no tienen responsabilidad directa en la ejecución del Pacto. También cuenta con la Asamblea Plenaria, máxima instancia de deliberación y validación.

En ese entramado institucional, además de las entidades gubernamentales, participan universidades, ONG, organizaciones empresariales y gremios. De manera que estamos ante un gran espacio de interfaz entre el Estado y la sociedad que constituye una estrategia de gobernanza democrática, por lo que forma parte de un sistema complejo (con relaciones e intereses variados) y que sufre cambios constantes, sobre todo en el ámbito gubernamental. Por lo tanto, estamos ante un engranaje institucional de alto riesgo en su funcionamiento.

Factores que inciden en el seguimiento del Pacto

Los mecanismos de coordinación y monitoreo del Pacto Educativo han funcionado con relativa estabilidad en estos diez años, con una asamblea plenaria que tendió hacia la dispersión, bajo la corresponsabilidad de quienes participamos en ella. Hablar para escucharse a sí mismo es un vicio por superar.

Ahora bien, a nuestro juicio, el factor más determinante ha sido el atinente a los cambios gerenciales en las instituciones clave del Estado. Como sabemos, los cambios de carácter político-administrativo en estas entidades afectan el entramado interinstitucional para el desarrollo de las políticas públicas a su cargo. Por ejemplo, el documento de balance de los 10 años del Pacto, elaborado por Magdalena Lizardo a partir de una consulta, señala cambios de ministros, viceministros y técnicos. Pero es probable que no estemos conscientes de la magnitud de sus implicaciones. En estos diez años hemos tenido seis ministros de educación e igual número en el de economía. De manera que en cada uno de estos ministerios las gestiones de los funcionarios, con sus equipos, no promedia ni siquiera los dos años.

Estos cambios en la administración pública muestran el grado de incertidumbre al que se somete el personal de estas instituciones y la vulnerabilidad de la coordinación y el seguimiento del Pacto Educativo que contiene los compromisos en el ámbito a 2030. Con estos cambios varía el valor dado por el incumbente de turno a la estructura de gobernanza del Pacto; cambian las prioridades, según el perfil del funcionario y sus equipos técnicos y de asesores; además, suponen una curva de aprendizaje y comprensión que condiciona la voluntad política y la disponibilidad oportuna de recursos económicos. En las entidades de la sociedad que participan del proceso también ha habido cambios de representación, desde luego que con menos impacto. En fin, debido a tantas turbulencias, ha sido difícil mantener el enfoque y un cuerpo técnico orientado hacia el seguimiento del Pacto Educativo y los ajustes que ha requerido.

En buena medida, los cambios indicados anteriormente se deben a que, en el período observado, hemos tenido tres procesos electorales, siendo el de 2020 el más tenso y prolongado. A esto hay que sumar un año prácticamente perdido en el impulso de las políticas educativas debido a la pandemia Covid-19 y lo que supuso incorporar nuevas tecnologías, aprenderlas sobre la marcha y recuperarnos para volver a la convivencia masiva.

Lo cierto es que el entramado institucional del Pacto Educativo es parte de un sistema complejo de relación Estado–sociedad, como un dispositivo de gobernanza democrática que demanda un continuo aprendizaje por parte de todos los actores involucrados en el marco de la interacción y reflexión conjunta.

Pensar en la calidad de la educación

En una mirada más amplia, identificamos algunos círculos virtuosos que podrían tributar a la calidad de la educación:

El mérito, la profesionalización como criterios centrales en la designación de los cuerpos técnicos nacionales, regionales, distritales y locales en los centros educativos, los cuales deben disfrutar de estabilidad a partir de evaluaciones periódicas. Por consiguiente, la calidad de la educación inicia por la calidad del personal y la gestión del sistema.
Currículo–estrategia investigativa–formación docente: un enfoque heurístico en los procesos de aula y la reflexión en los equipos docentes, en el marco de un acompañamiento pedagógico contextualizado, son factores primordiales en la calidad de los procesos aprendizajes incluyendo los de los propios educadores.
Se debería velar porque haya mayor sintonía de la formación docente con las demandas del sistema educativo en un mundo aceleradamente cambiante. Entre otros elementos, esto implica una adecuada selección de las instituciones de educación superior en la asignación de programas de formación. En este sentido, habría que pensar en unos parámetros y un seguimiento especial.
La apropiada coordinación y sinergia entre MINERD, INFOTEP, MIDEREC y el Ministerio de Cultura en un horizonte estratégico, de manera que agregue valor a los procesos de aprendizaje y genere nuevas salidas formativas para los adolescentes y jóvenes. Estas instituciones deberían integrar una mesa técnica de trabajo permanente a partir de la realidad global y local.
Aunque se sabe que como consecuencia de las elecciones nacionales cambian los funcionarios, se requiere presionar para que haya un mayor grado de estabilidad en la cabeza de las instituciones educativas que, a su vez, son clave en el Pacto (sobre todo MINERD, INFOTEP el equipo técnico que era de MEPYD) y la gerencia del Consejo Económico y Social. Esto contribuiría con la revisión en proceso y el relanzamiento de dicho compromiso con la educación de una manera más efectiva.

Un abordaje en la línea planteada posibilitaría avanzar en la superación del clientelismo y el patrimonialismo en la designación de los cuerpos técnicos nacionales, regionales, distritales y locales en los centros educativos (los partidos políticos con sus dirigentes se resisten a cambiar de práctica); asimismo, superar la precaria articulación estratégica entre MINERD, INFOTEP, MIDEREC y el Ministerio de Cultura y aprovechar apropiadamente la ventana de oportunidad que brindan los recursos económicos del 4%; de igual manera, mitigar la sobrecarga administrativa y la limitada autonomía escolar, lo cual afecta la gestión pedagógica, como bien señala el informe indicado anteriormente. Esto último demanda repensar, a partir de un estudio sosegado, el flujo de relaciones y funciones entre instancias del sistema preuniversitario (direcciones nacionales, regionales, distritales y de los centros educativos), además de ponderar alternativas de instrumentos y procedimientos para asegurar la calidad en los procesos del aula y su evaluación.

El Pacto Educativo en perspectiva

El fortalecimiento de un espacio como este depende de la intensidad y frecuencia de los vaivenes en la administración pública. A mayor volatilidad en las instituciones clave, menor la estabilidad y efectividad en la articulación del Pacto Educativo y su seguimiento. Los reglamentos y procedimientos son importantes, pero están supeditados a esta variable de cambio en la gestión de gobierno. Este es un factor político que afecta la educación y que desde la sociedad habría que abordar al más alto nivel con la dirigencia política, no solo por el Pacto Educativo sino por la calidad de la educación. A nuestro juicio, valdría la pena promover también que el actual equipo del Consejo Económico y Social trascienda la coyuntura electoral y permanezca en dicho espacio. El informe de balance de los 10 años del Pacto coloca sobre la mesa una serie de oportunidades de mejora.

Artículo publicado originalmente en Acento.

Por Danilo Minaya

Las primeras pinceladas del sol asoman tímidamente sobre la República Dominicana, buscando disipar los nubarrones que ha dejado a su paso la Tormenta Tropical Melissa. El país, con una resiliencia forzosa, intenta volver a la “normalidad”, esa extraña costumbre caribeña de sacudirse el agua, contar los daños y esperar la próxima lluvia. Sin embargo, bajo ese aparente resurgir cotidiano, la tormenta ha actuado como un demoledor espejo, reflejando sin piedad las grietas sociales y las fallas sistémicas que nos acompañan, año tras año, fenómeno tras fenómeno.

Los reportes son elocuentes y trágicos; Las lluvias han provocado daños importantes en la infraestructura vial y el sistema de abastecimiento de agua potable, afectando a cientos de miles de dominicanos. Los efectos de la tormenta han dejado un saldo a la fecha de, 207 viviendas afectadas, 1,100 personas desplazadas, 86 albergadas en cinco refugios oficiales, además de 37 comunidades incomunicadas, e interrupciones en el servicio de agua potable para más de un millón de usuarios, según datos de los organismos de socorro y las autoridades.

Varias provincias del país han revivido el drama, pero los números, fríos y estadísticos, apenas rozan la superficie de una verdad más dolorosa, la vulnerabilidad crónica de los sectores más pobres del país.

El problema no es nuevo, cada temporada ciclónica nos enfrenta a las mismas imágenes; calles anegadas, filtrantes tapados de basura, deslizamientos, puentes caídos y familias que pierden lo poco que tienen. Las lluvias torrenciales no son solo un evento meteorológico; son el catalizador que desnuda la negligencia estructural. Las cañadas desbordadas no son un capricho del clima, sino la consecuencia visible de décadas de planificación urbana deficiente, ausencia de drenaje pluvial, falta de inversión en infraestructura y un manejo de desechos que se sostiene en la cuerda floja del desinterés público.

“Cada tormenta no solo arrastra agua; arrastra también la esperanza de quienes siempre pagan el precio de la inacción política.”

Y, sin embargo, el discurso oficial repite el mismo argumento: “la falta de conciencia ciudadana”. Ciertamente, es real y condenable la costumbre de arrojar basura a las calles y cañadas. Pero esa crítica, sin políticas públicas que la acompañen, se convierte en excusa. ¿Dónde están las campañas educativas nacionales con la misma intensidad y presupuesto, con que se invierte en publicidad gubernamental? No se trata solo de señalar al ciudadano, sino de dotarlo de conocimiento, infraestructura y servicios que permitan una conducta ambiental responsable. Es una ecuación de dos variables: educación y capacidad institucional.

La gestión de riesgo, en nuestro país, se reduce a la reacción inmediata. La respuesta estatal se limita a abrir albergues, distribuir raciones alimenticias y prometer reconstrucciones que rara vez llegan a tiempo. Lo urgente sustituye lo importante, no hay continuidad, ni prevención, ni evaluación posterior. En lugar de fortalecer la resiliencia comunitaria, el Estado reproduce la dependencia mediante asistencias paliativas que maquillan la pobreza, sin transformarla.

Mientras tanto, los técnicos, ingenieros y planificadores con vasta experiencia en gestión ambiental y prevención de desastres ven cómo sus diagnósticos quedan archivados, olvidados en informes que jamás se traducen en acción.

En medio de la tragedia, surge también el síntoma social de una crisis más profunda: la pérdida de respeto por la vida. Resulta indignante ver cómo algunas personas convierten el desastre en espectáculo. En redes sociales proliferan videos de gente bailando o haciendo “teteo” en medio de aguas contaminadas, ignorando el peligro. Pero más que frivolidad, ese comportamiento es la expresión de una sociedad que ha normalizado el riesgo, el abandono y la precariedad. La vida cotidiana se ha vuelto una lucha entre sobrevivir o resignarse.

Esa “normalización” es la que impide la transformación, cada vez que el sol reaparece, el país se convence de que todo volvió a la normalidad. Pero esa “normalidad” es la raíz del problema; un sistema donde la pobreza se perpetúa, la desigualdad se profundiza y la responsabilidad se diluye entre los ciudadanos, las autoridades y la indiferencia colectiva.

Las lluvias de Melissa vuelven a recordarnos que vivimos en una isla situada en la ruta de los huracanes. Cada fenómeno debería ser una lección, pero las lecciones no se aprenden si solo se convierten en “views” o “likes” para las redes sociales. Detrás de cada aguacero hay historias de pérdida: viviendas destruidas, niños desplazados, ancianos sin refugio, agricultores arruinados. Cada tormenta no solo arrastra agua; arrastra también la esperanza de quienes siempre terminan pagando el precio de la inacción política.

No basta con culpar al clima, ni con resignarnos a la fatalidad geográfica y la esperanza divina. La prevención no es un lujo ni una consigna técnica, es un imperativo ético y social. Requiere voluntad política, inversión sostenida, educación ambiental y una mirada de justicia territorial.

Es hora de romper con el ciclo de la improvisación y construir un país donde las lluvias no sean sinónimo de tragedia. El sol volverá a salir, como siempre. Pero si no cambia nuestra forma de ver el riesgo, de planificar las ciudades, de educar a las comunidades y de exigir responsabilidades, el próximo amanecer será idéntico; calles inundadas, promesas oficiales, ayudas temporales y la eterna “normalidad” que nos condena a repetir la historia.

Por Jenny Torres,

investigadora social y candidata al PhD en Ciencias Sociales

El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Naciones Unidas recuerda que acabar con la pobreza no es solo cuestión de ingresos, sino de dignidad, justicia y pertenencia; el llamado de este año es claro: “Garantizar el respeto y el apoyo adecuado a las familias” (ONU). El texto que sigue ha sido construido a partir de las voces de tantas personas que transitan día a día la pobreza, la lejanía de los centros y los innumerables esfuerzos cotidianos por alcanzar derechos básicos que deberían ser garantizados.

El llamado de Naciones Unidas para 2025 insiste en instituciones que den prioridad a las personas, cambiando la cultura de la desconfianza y el control por una de respeto y colaboración y reconociendo los esfuerzos que ya hacen las familias. Eso no es caridad: es devolver derechos. En esa misma línea, The Hidden Dimensions of Poverty (ATD Cuarto Mundo & Universidad de Oxford, 2019) subraya que la pobreza inflige sufrimientos del cuerpo, de la mente y del corazón: vidas acortadas por condiciones indignas, ansiedad por la incertidumbre diaria y humillación por tener que pedir lo básico.

Los intangibles

Siempre he pensado que lo más terrible de la pobreza son esos espacios que transcurren en el día entre ocupación y ocupación, en donde piensas y te detienes por un momento y pareces ver que la salida —si es que llegará— está muy lejos.

Los días están llenos de cosas intangibles, ajenas a las preguntas de las encuestas. Pequeños, medianos y grandes sacrificios que hacen que un día normal parezca una pequeña preparación para la guerra. En el sudor cotidiano, está presente desde el despertar el abandono institucional: no sale agua de la llave, “hoy no es lunes”. Toca buscarla en el tanque del patio o en el del baño o donde el vecino, para hacer el café. Hay que cepillarse y tal vez no bañarse temprano, porque no hay forma de saber si alcanzará: ya empezaste tu día y no tienes derecho al agua. A duras penas, sales de la casa al trabajo. Si es día de suerte y todavía alcanza “Supérate” para las tres comidas, sales desayunada.

Si vives fuera de “los centros”, toca “crujía” con el transporte: el motoconcho, la guagua destartalada; si vives en La Cuaba, o en La Guáyiga, o en Villa-linda, o en Pantoja o en San Luis, o en Guerra, o en Capotillo, o en Gualey… si vives en cualquier “periferia”, “Loteka-tetoca” pasar la mil y una para llegar (muchas veces con lodo; otras, con suerte) al trabajo.

No son las 8:00 de la mañana y ya sobre tus hombros está presente la mochila del abandono institucional, del dolor de la asistencia, de los derechos básicos violados.

Tu jornada laboral tampoco será lo “más lindo”, porque, aunque no eres “oficialmente pobre” tu trabajo es mal pagado o con jornadas no justas o sin seguro; trabajas casi de pie en un súper o detrás de un mostrador, con fuegos a tu dignidad desde los dos lados; o sirviendo un café, un trago o unas papas por un salario que tal vez solo alcanza pegándolo con los retazos de la asistencia para 20 días, sorteando las comidas.

La vuelta a casa es tal vez peor: la espera a los pies cansados; los tapones en un asiento compartido con cuatro o cinco más; la llegada en motoconcho; la entrada a la casa; el apagón; la decisión de la cena; los muchachos; el camino empedrado, o enlodado, o empolvado. El cansancio del día, pero de la vida, que te hace mirar el afán de tener los hijos en la escuela o en su esperanza de lograr hacer “un curso”, que eleve su condición laboral, a ver si tal vez en alguna empresa deja de importar que viva en alguna periferia y obtengas un empleo que al menos… eleve un poco la dignidad.

Son las 8:00 de la noche y ya has vivido el olvido del regidor, del diputado, del síndico, del senador, del presidente, del gabinete social, de la distribuidora eléctrica. Te la “bandeas” con la junta de vecino; haces diligencias junto a otros para ver si “echan un chin” de asfalto. Y si las diligencias funcionan y llega la brigada y arregla algún callejón, el barrio lo celebra como si fuera un favor, como un algo “extraordinario”, como un premio a su perseverancia.

A veces ni siquiera sabes que tienes derecho; que mereces un club, una cancha, una clase de música o baile o al menos que confíen que tú puedes tener ideas de cómo superar tu pobreza.

A veces ni siquiera sabes que no eres “pobre oficial”.

A veces solo sientes vergüenza del lodo, llevas tus zapatos en su funda, te silencias; te ríes de ti misma. Transitas tu día a día, oras a ese Dios que sueñas que cambiará algo. Juegas en la banca y esperas… esperas a que la magia del azar algún día llegue y entonces, solo entonces, podrás descansar.

Erradicar la pobreza no es repartir favores ni endurecer los controles: es reconstruir condiciones de justicia para que nadie tenga que “agradecer” por el asfalto ni esperar al azar.

Por: Juan Luis Corporán

La inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra es uno de los problemas estructurales más graves que enfrentan las poblaciones empobrecidas en la República Dominicana. Miles de familias han habitado durante décadas en terrenos sin títulos, organizando comunidad y economía del cuidado en contextos de marginalidad y exclusión. Sin embargo, el Código Penal tipifica la ocupación y la invasión de inmuebles sin considerar el trasfondo social que hace de estas prácticas una estrategia de supervivencia; además, prevé sanciones que incluyen expulsión y demolición de mejoras, con lo cual el castigo se traduce en desposesión material de hogares con escasa capacidad de defensa (Código Penal, Ley Núm. 74-25). Esta arquitectura punitiva no distingue entre quien ocupa por necesidad y quien lucra con la pobreza, y en la práctica criminaliza a los más vulnerables.

El problema se agrava por la existencia de redes y bandas que intermedian la venta fraudulenta de parcelas ocupadas: familias de bajos ingresos compran “derechos” sin respaldo registral, pagando por un lugar en la ciudad, y luego enfrentan desalojos cuando el Estado o particulares reclaman la propiedad. La doble victimización es evidente: primero son estafadas, después desalojadas. Protocolos administrativos recientes incluso normalizan el uso de la fuerza pública para quienes no figuran en padrones oficiales, consolidando una gestión punitiva del hábitat popular en vez de una solución social (Corporán, 2020; Torres, 2020).

Los datos históricos ayudan a dimensionar el problema. Investigaciones locales mostraron que, hacia 2006, alrededor del 84% de las áreas urbanas carecían de documentos de seguridad de tenencia y casi 40% de la población del Gran Santo Domingo vivía sin garantías jurídicas sobre su vivienda; a la par, se consolidó un enfoque estatal que trató la vivienda como bien de mercado, no como derecho social, abriendo un campo fértil para la expulsión y la captura de plusvalías por agentes con mayor poder económico (Arbona, 202). Esta combinación —déficit de titulación, enfoque mercantil y débil institucionalidad— es el sustrato sobre el que prosperan las estafas de suelo y los desalojos.

En ese terreno normativo y material, la promulgación de la Ley 82-25, presentada como protección del “bien de familia”, funciona como una pieza más de un giro liberal que favorece al mercado inmobiliario por encima de los derechos de las familias vulnerables. La titulación, en contextos de pobreza, habilita compras predatorias y ventas “voluntarias” inducidas por la precariedad. La teoría de la brecha de renta lo anticipa: cuando el valor potencial del suelo bajo un nuevo uso supera su valor actual, el capital se moviliza para apropiarse de él (Smith, 1996). Lejos de blindar a los sectores populares, la titulación tardía convierte el patrimonio popular en mercancía, alimentando una gentrificación encubierta (Ley, 1996; Díaz Parra, 2014; Delgadillo, 2021).

Este desplazamiento material va acompañado de un desplazamiento simbólico. Se ha naturalizado llamar “invasores” a quienes, en realidad, nunca se fueron: son los “nunca idos” que regresan por decreto narrativo. Esa etiqueta estigmatizante borra la historicidad de asentamientos, niega el arraigo, legitima la expulsión y niega derechos: si no pertenecen, entonces pueden ser removidos. La producción de mitos cumple aquí una función política: despojar de legitimidad urbana a poblaciones que sostienen la ciudad desde trabajos mal pagos, economías barriales y redes de cuidado (Torres, 2020). Son familias dominicanas, no se han ido, invasores son otros.

Desde un punto de vista jurídico-doctrinal, el propio Código Penal incorpora principios que deberían limitar su uso en materia habitacional: lesividad[1] e intervención mínima[2]. El primero exige que solo sean punibles conductas que lesionen bienes jurídicos relevantes; el segundo, que el recurso penal opere como último remedio. Sin embargo, sancionar la ocupación por necesidad con expulsión y demolición de mejoras contradice esos principios en contextos de pobreza estructural. Cuando existen alternativas menos lesivas —regularización in situ, mediación administrativa, inalienabilidad temporal post-titulación, derecho de tanteo y retracto comunitario o público, captura de plusvalías, reasentamientos dignos en proximidad— la coherencia normativa exige que el derecho penal sea realmente subsidiario y no la herramienta principal de gestión del conflicto (Harvey, 2008; Lefebvre, 1968).

La evidencia empírica local refuerza esta lectura. En barrios del Gran Santo Domingo, la ausencia de seguridad de tenencia se intersecta con la presión del capital turístico, financiero e inmobiliario sobre el suelo popular, precisamente por su potencial de sobreganancia. La clasificación administrativa separa “afectados” de “no registrados” con criterios de legalidad registral —no de vulnerabilidad— y construye figuras como el “reclamante de mejora” sospechoso de lucro, aun cuando la mayoría de hogares vive de economías informales con altísima dependencia del lugar (Arbona, 2020; Corporán, 2020). Los desalojos, en este contexto, no resuelven un “delito”: desplazan pobreza, rompen redes y trasladan costos sociales a la periferia.

De allí se sigue un paquete mínimo de reformas y políticas para alinear Código Penal y derecho a la ciudad. Primero, diferenciar por ley la ocupación por necesidad de la ocupación criminal organizada (asociación, violencia, lucro), reservando la vía penal para la segunda y privilegiando vías administrativas, civiles y de política pública para la primera. Segundo, incorporar cláusulas de inalienabilidad temporal post-titulación (5–10 años)[3] y derechos de tanteo/retracto[4] a favor de comunidades u organismos públicos, para frenar la compra predatoria. Tercero, delimitar zonas de interés social con instrumentos de captura de plusvalías y regularización in situ como regla, dejando el desalojo como última ratio. Cuarto, garantizar evaluaciones de impacto social ex ante a toda intervención que pueda producir desplazamiento, con estándares de reasentamiento digno, proximidad territorial y preservación de medios de vida. Quinto, proteger legalmente las mejoras en vivienda popular para evitar su demolición automática como “pena accesoria”.

Código Penal y derecho a la ciudad no pueden seguir operando en direcciones opuestas. Cuando la ley penal se aplica mecánicamente a la tenencia informal y la titulación se despliega sin salvaguardas sociales, el resultado es un dispositivo de expulsión urbana revestido de nobleza jurídica. Si el Estado asume en serio los principios de lesividad e intervención mínima, la función social de la vivienda y la evidencia local de inseguridad de la tenencia deberá reordenar sus instrumentos: que el derecho penal deje de castigar la necesidad, que la política de suelo cuide las permanencias y que la titulación se acompañe de barreras a la captura de plusvalías por parte del capital inmobiliario. Solo así podrá afirmarse, con contenido, el derecho a la ciudad en la República Dominicana.

[1] El derecho penal solo debe actuar cuando una conducta lesiona o pone en riesgo real un bien jurídico importante (vida, integridad, propiedad, etc.). No basta con que algo sea “irregular”; debe dañar de verdad.

[2] El penal es el último recurso del Estado. Antes deben preferirse vías no penales (administrativas, civiles, sociales) que resuelvan el conflicto con menor daño.

[3] La inalienabilidad por 5–10 años significa que quien recibe un título en un programa social no puede venderlo inmediatamente; así se frena la compra predatoria.

[4] El tanteo/retracto da prioridad a la comunidad o a un ente público para comprar antes que un tercero, a precio de mercado, cuando alguien quiera vender.

Referencias

Arbona, D. (202). Estudio de casos sobre la política de desalojos en tres barrios de Santo Domingo. En J. Torres, & D. Arbona, Des-habitar: Las dinámicas (trabas) de la ciudad neoliberal (pp. 221-225). Santo Domingo , Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana: Ciudad Alternativa.

Corporán, J. L. (2020). Exclusión social en la ciudad neoliberal: del animal laborans al imaginado. En J. Torres, & D. Arbona, Des-habitar las trabas dinámicas de la ciudad neoliberal (pp. 23-98). Ciudad Alternantiva.

Delgadillo, V. (2021). Financiarización de la vivienda y de la (re)producción del espacio urbano. Revistainvi, 36(103), 1-18. https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/65203

Díaz Parra, I. (2014). La gendrificación, un regreso a la ciudad de la intervención urbanística. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles,(64), 321-340. https://doi.org/https://doi.org/10.21138/bage.1700

Harvey, D. (2008). El derecho a la ciudad. New Left Review(53), 23-39. https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city

Havey, D. (2007). Neoliberalism and the City. Studies in Social Justice, 1(1), 2-13. file:///C:/Users/Juan%20Luis%20Corproan/Desktop/183.pdf

Janoschka, M. (2016). Gentrificación, desplazamiento y desposesión en América Latina. Eure, 42(125), 55-77. https://www.scielo.cl/pdf/invi/v31n88/art02.pdf

Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad. Capitán Swing.

Ley, D. (1997). The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford University Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780198232926.001.0001

Ortiz, E. (2012). Producción social de la vivienda y el hábitat. Habitat International Coalition – América Latina. https://autogestao.unmp.org.br/wp-content/uploads/2016/10/PSV_EOF.pdf

Poder Judicial. (2025). Código Penal de la República Dominicana, Ley Núm: 74-25, arts. 460-464.

Poder Judicial. (2025). Ley Núm: 82-25, sobre el bien de Familia. República Dominicana.

Smith, N. (1996). The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city. Routledge. https://paas.org.pl/wp-content/uploads/2016/08/neil-smith-the-new-urban-frontier-gentrification-and-the-revanchist-city-1.pdf

Los Alcarrizos. El 6 de marzo de 2021, tractores y palas mecánicas arrasaron el barrio Freddy Beras Goico, donde vivían 389 familias, dejando a su paso solo escombros y destrucción. Aquel día Denny Herrera, de 32 años, perdió algo más que su vivienda. A los catorce días, su marido falleció en circunstancias que solo puede atribuir a la angustia; vio cómo su familia se desarticulaba, perdió su fuente de ingresos y su salud mental también se quebró. Cuatro años después, intenta recuperarse, como puede, de todos estos embates.

“Era una casa de tres habitaciones, con baño adentro y galería. En la parte de adelante yo tenía un negocio que atendía. De acuerdo a lo que iba consiguiendo, la iba remodelando. Ya había echado el piso de las habitaciones, solo me faltaba el pañete y la pintura. Tenía más de seis años viviendo ahí”, rememora.

Cuando vio a un extraño entrar en su casa y destruir sus pertenencias, entró en pánico, al igual que sus hijos pequeños. A pesar de ello, logró sacar algunas de sus cosas y marcharse junto con cientos de familias que hicieron “Los Coquitos”, de una escuela en construcción, un refugio que en principio consideraron provisional y al mismo un símbolo de resistencia y lucha para recuperar lo perdido.

Han pasado cuatro años desde aquel suceso y, aunque al principio compartía el espacio de lo que sería un aula junto a otras cinco familias, todas se retiraron, y solo quedó ella y uno de sus hijos. En ese momento, le pidió a su suegro, quien también había sido desalojado del barrio, que se instalara en la otra mitad del aula compartida para sentirse más segura.

El segundo de sus dos hijos se fue a vivir con su abuela debido a la incomodidad y el ruido. El otro también se fue durante un tiempo, pero regresó a acompañarle durante un proceso de salud que considera delicado. Luego de sufrir una crisis nerviosa, Dennys sobrevive gracias a la solidaridad de la iglesia, que contribuye con su alimentación y gastos médicos. “Desde entonces mi vida no ha sido la misma”, dice.

Le ha costado mucho reincorporarse a una vida normal porque el ambiente de la comunidad le mantiene constantemente alterada. “Se pelea diario, se discute mucho, la presión de la gente, la incomodidad, desde la mañana empiezan a discutir entre los mismos vecinos, eso me pone muy nerviosa”, explica.

En diciembre pasado, la Alcaldía convocó a las familias a una reunión para ofrecerles la opción de retirarse a cambio de un monto económico: 150 mil pesos. La otra alternativa planteada era la de volver a pasar por un proceso de desalojo sin contemplaciones. Justo el suceso del desalojo llevó a Dennys a un estado en el que ya no puede valerse por sí misma. Pensar que volverá a experimentar una situación tan extrema le pone tan nerviosa que no puede evitar las lágrimas.

“Me he cansado de analizar y ese dinero que ofrecieron no alcanza. Lo que están enfermos o no trabajan, ¿qué van a hacer cuando se les acabe ese dinero? Los actos violentos no los puedo ver, eso me afectaría. Hay que aceptar ese dinero, porque no me queda de otra. Hay que coger ese dinero y buscar una casa por ahí”, expresa.

De todo lo que se ha perdido, hay un valor intangible que no se puede recuperar. Es lo que más extraña Dennys: la reunificación de su familia. Cada noche, una única oración la acompaña: “Le pido al señor que volvamos a estar juntos”.

***

El barrio Freddy Beras Goico, con 17 años de fundado, contaba con servicios básicos e infraestructura urbana, escuelas e iglesias, lo que lo implica un reconocimiento del Estado de como un sector establecido y no un asentamiento de “invasores”.

Yubelkis Matos, asesora legal de la Red Urbano Popular por la Defensa del Territorio, reconoce que si bien no hay opciones legales para las familias que ocuparon, de buena fe, un terreno registrado a nombre de otro individuo, sí existen opciones sociales, como una indemnización justa por las viviendas perdidas.

Se recuerda el artículo 59 de la Constitución Dominicana, que establece que toda persona tiene derecho a una vivienda y que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho.

Los Alcarrizos. Tres días después del desalojo del barrio Freddy Beras Goico, falleció el padre de Eduviges Nivar, quien vivía con ella en esa comunidad. Su muerte fue la primera de muchas ocurridas desde que, el 6 de marzo de 2021, tractores y palas mecánicas arrasaron todas las viviendas de la parcela 10, en el distrito catastral 31 de Los Alcarrizos. La demolición fue resultado de una decisión del Estado que favoreció a los propietarios registrados del terreno, pero dejó en el desamparo a 389 familias, la mayoría de las cuales había adquirido sus lotes de buena fe hasta una década atrás.

De acuerdo con Eduviges, al menos 21 vecinos han fallecido desde entonces. Muchos eran personas mayores que no lograron adaptarse a las condiciones de vida del lugar, la escuela pública “Los Coquitos”, a medio construir, cuyas aulas y oficinas terminaron transformadas en un conjunto de viviendas improvisadas que actualmente acoge a 177 familias del barrio.

Como muchos otros de sus vecinos, Eduviges compró de buena fe una propiedad sin título en un asentamiento que, en teoría, no debía existir, pero que en la práctica contaba con el respaldo del Estado: calles asfaltadas, alumbrado público, un circuito eléctrico activo y acceso al agua en las viviendas. Una comunidad con todas las de la ley.

“Yo no soy una invasora, yo compré”, explica. “Había calles, había faroles. Teníamos agua y luz. Ahí nadie vivía en callejón. Por eso me enamoré y compré para allá”.

Eduviges pagó 150 mil pesos por una pequeña vivienda de zinc con dos habitaciones, sala, cocina y un baño con inodoro. Se mudó allí y, a lo largo de dos años, fue haciendo pequeñas mejoras en cemento, a medida que conseguía recursos. Faltaba poco para que lograra techarla con cemento, como era su sueño.

Al día siguiente de la expulsión, alguien la llamó para avisarle sobre la escuela vacía, a medio construir. “De una vez cogimos para acá, éramos muchos, pero se han ido. Todo el mundo a pie cogiendo para acá y trayendo bultos”. Aunque hoy habita sola en un espacio que, por sus dimensiones, posiblemente estaba destinado a ser una pequeña oficina, al principio lo compartía con otras cinco familias que con el tiempo se fueron retirando.

Las familias se turnaban para dormir allí, una persona por noche, de modo que representantes de cada hogar ocupaban el cubículo mientras esperaban una respuesta de las autoridades. La escuela no solo se convirtió en un hogar, sino en un bastión de lucha. Pero pasaron cuatro años sin que llegara la justa indemnización, mientras las condiciones de precariedad se agudizaron, lo que hizo que poco a poco muchos decidieran retirarse.

“Ellos quieren que yo haga lo mismo. Salir de aquí. Pero yo me quedé aquí luchando por lo que perdí allá abajo”, reflexiona. Sin embargo, cuando la Alcaldía ofreció pagar 150 mil pesos a las familias que ocupaban la escuela, decidió aceptar la propuesta y empezó a recoger sus cosas, sin tener claro hacia dónde irá.

De algo no tiene dudas Eduviges: no desea volver a pasar por un proceso de desalojo como el de 2021, al que recuerda con impotencia como “una masacre. Todo el mundo con los trastes afuera. He ido borrando los videos, porque cada vez que los veo me dan ganas de llorar”.

***

Los Alcarrizos. A lo lejos, podría parecer un bloque de apartamentos de un barrio popular. De las ventanas cuelgan sábanas y ropa. De cerca, la visión comienza a cambiar. Se atestiguan pequeños desórdenes: basura amontonada, puertas y ventanas improvisadas con materiales precarios, baños móviles abandonados, viejos electrodomésticos en ruinas. Se advierte la estrechez de los espacios y la violencia que esto genera (el ruido, las peleas entre vecinos, los niños improvisando áreas de juego que molestan a los adultos…).

En macetas, algunas hierbas medicinales dan la bienvenida a la entrada de cualquiera de las áreas donde hoy viven las familias: poleo, albahaca, orégano, limoncillo y sábila. Un intento de normalidad en una realidad que dista mucho de serlo: la escuela pública “Los Coquitos”, una construcción inconclusa que terminó convertida en un refugio precario, con condiciones infrahumanas.

Hace cuatro años, los habitantes del barrio Freddy Beras Goico, ubicado en Los Alcarrizos, perdieron sus viviendas. No fue un huracán, una inundación o un terremoto lo que arrasó con las casas. Se trató de la acción del Estado, materializada en forma de palas mecánicas y tractores, en beneficio de los dueños de esas tierras y en perjuicio de 389 familias que, en su mayoría, había estado comprado lotes de buena fe, en los últimos 17 años.

Sucedió el 6 de marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia.

“Todo fue demolido en un segundo”, recuerda María Frías, 52 años. También su casa desapareció bajo la fuerza arrolladora de una pala mecánica: tres dormitorios con su baño enlosetado, cocina y sala, además de un lavadero exterior y frutales sembrados en el patio y el jardín. La pala mecánica también arrastró la seguridad de tener, por fin, tras años de esfuerzo, una casa propia. Y la felicidad de tener cerca una iglesia donde participar en la vida comunitaria.

“Estaban así cubiertos, dispuestos a lo que fuera, estaban armados como en una película de terror. Se apoderó de nosotros un terror, un espanto. Todo fue demolido. Losetas nuevas, lavadero nuevo, todo fue destruido sin piedad. No podíamos hacer nada, ellos estaban dispuestos a destruir, aunque estuviéramos dentro de la casa”, dice entre lágrimas. Solo pudo recuperar el portón de hierro, lo único que dio tiempo a desmontar.

Hoy en día, unas planchas de zinc oxidado, y no ese portón, resguardan su privacidad y la de su nieta de 10 años, con quien habita en lo que sería el área de sanitarios de la escuela. En el espacio destinado a los lavamanos, colocó una cama contra la pared y, a un lado, una pequeña estufa para cocinar. De los cubículos destinados a los inodoros (que nunca fueron instalados), usa dos como clósets y otro como baño improvisado. A pesar de la precariedad, tiene algo que los demás habitantes del lugar no tienen: un espacio cerrado donde asearse. Muchos han decidido bañarse al aire libre, a la vista de todos, junto a las dos llaves que abastecen de agua a las familias.

Para las necesidades fisiológicas, las opciones son pocas. Hace un año la Alcaldía llevó sanitarios portátiles que fueron abandonados por la comunidad cuando ya no pasaron más a recoger los desechos. Entonces, tuvieron que volver a la práctica de defecar en fundas y lanzarlas lejos, ya sea en un terreno vecino o en una laguna que se formó detrás del edificio escolar.

A veces, por las tardes, el viento trae de regreso las consecuencias de esta práctica. El hedor inunda el lugar y llena de frustración a María, quien recuerda su casa propia, con un baño de losetas, justo como el que había soñado toda la vida.

“No me siento cómoda en sí, este no es un lugar apto para estar. Lo elegimos porque no nos quedó otra alternativa”, se lamenta.

Con el tiempo, muchas de las familias que encontraron refugio en la escuela decidieron marcharse. Hoy en día, se estima que aún quedan unas 177 familias, a la espera de una respuesta del Estado. Para María, irse nunca fue una opción. Su frágil estado de salud y la falta de un ingreso fijo la mantienen atada a este lugar. Sobrevive con lo poco que gana cuando consigue trabajo limpiando casas, aunque esas oportunidades son esporádicas e inciertas.

En diciembre del año pasado, la Alcaldía ofreció una “solución” al problema de las familias: abandonar el espacio de la escuela a cambio de una contribución económica de 150 mil pesos.

“Muchos pensamos que era muy poco dinero, pero el Alcalde nos dijo que lo tomáramos o lo dejáramos, que no había otra opción. Como no teníamos alternativa para salir, y ya habíamos sido maltratados, la mayoría levantamos la mano y dijimos que sí [aceptábamos].”

Por momentos, el espanto regresa y sus ojos se inundan de lágrimas. No desea volver a pasar por un desalojo forzoso. María sabe que lo ofrecido por la Alcaldía es insuficiente para adquirir una vivienda y que alquilar en otro espacio no es una solución sostenible a largo plazo, debido a la falta de ingresos fijos. Piensa que, al menos, puede “inventar algo, negociarlo, ir rindiéndolo a ver si después consigo mejorar.”

No ha tenido tiempo de planear a dónde ir. Solo sabe que espera estar cerca de su familia, aquí en Los Alcarrizos.

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Santo Domingo. Ciudad Alternativa exhorta a la sociedad dominicana y a las autoridades competentes a aprobar un Código Penal que supere las limitaciones del actual, vigente desde 1884 con ligeras modificaciones. Este código resulta insuficiente para enfrentar la nueva realidad del estado constitucional y de derecho establecido en la Constitución.

A pesar de más de veinte años de intentos fallidos en el Congreso Nacional para aprobar una nueva versión del Código Penal, las propuestas presentadas han sido controversiales. Un ejemplo de esto fue la propuesta de 2014, observada por el presidente de entonces por sus contradicciones con otras leyes de igual jerarquía y por no alinearse con el espíritu de la Constitución Dominicana.

En la presente legislatura, el Senado de la República aprobó una de las peores versiones del código, que ahora está en manos de la Cámara de Diputados para una segunda lectura. Ciudad Alternativa se opone a la aprobación apresurada de un código punitivo que no respeta el espíritu democrático de nuestra Constitución y niega derechos fundamentales.

Rechazamos específicamente varias figuras en la pieza propuesta:

Corrupción Administrativa: nos oponemos a la prescripción de actos tipificados como prevaricación, considerando el impacto negativo de la corrupción en el desarrollo social y económico del país.
Responsabilidad Penal del Estado: es inaceptable el Art. 14 que excluye la responsabilidad penal de ciertos entes, incluyendo al Estado y otras entidades con conductas punibles recurrentes.
Derechos de las Mujeres: aunque valoramos las eximentes de responsabilidad penal del Art. 112, consideramos insuficiente la exclusión de razones legales que asisten a la madre en decisiones sobre su vida y salud emocional.
Delito de Violación Sexual: la definición del Art. 134 es limitada al requerir penetración para la tipificación del delito, lo cual es inadecuado.
Defensa de la Propiedad Privada: los Arts. 288, 289 y 290, si bien defienden la propiedad privada, vulneran el derecho a la vivienda y a la ciudad de comunidades en terrenos sin estatus jurídico regular.
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: apoyamos la posición de CONANI y otras entidades que cuestionan el párrafo III del Art. 123 por su contradicción con la Ley 136-03 y el Art. 56 de la Constitución sobre el interés superior del niño.

La aprobación del proyecto en su forma actual, con énfasis en la penalización y aumento de penas como factores disuasivos, no es efectiva para la paz colectiva y la cohesión social. Instamos al Congreso de la Nación a asumir con responsabilidad la aprobación de un Código que responda a las necesidades presentes de la sociedad y sea coherente con la Constitución.

Pedimos al presidente de la República que, de ser necesario, observe y corrija las falencias del proyecto aprobado por el Senado y en proceso en la Cámara de Diputados. Invitamos a todas las fuerzas vivas de la nación, incluyendo sectores críticos dentro del partido de gobierno, a oponerse a la aprobación de un código que socave la cohesión social y la justicia.

Por la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano

En varios artículos que reseña la prensa desde finales de noviembre del 2023, se ha reiniciado una conversación sobre Domingo Savio (ese que sigue estando viejo a pesar del nuevo letrero) en donde se enfatiza:

Una transformación positiva de La Ciénaga y Los Guandules.
Urbanismo social e infraestructuras, como polideportivos y parques lineales.
Reubicación, indicando que se ha traslado de residentes de zonas inundables a viviendas seguras.
Participación, comentando el fomento de la inclusión comunitaria en el proceso de toma de decisiones. Dicen que los residentes se convirtieron en parte fundamental de la reconstrucción de sus hogares“se fomentó la participación y la toma de decisiones, permitiendo que los residentes se convirtieran en parte fundamental de la reconstrucción de sus hogares. Este enfoque participativo ha llevado a una transformación sorprendente en la percepción y la realidad de la comunidad.”
Resultados, presentando el proyecto como un éxito en integrar comunidades a la ciudad. Conexión con la ciudad
Ya la lluvia no es preocupación …
“Paseo del Río” es una de las obras más importantes porque prioriza más al peatón que al vehículo

Pero, ¿en dónde reside esa maravilla tan dulcemente narrada desde las oficinas de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios & Entornos (URBE)? ¿A qué obedece la prisa de inaugurar el domingo 17 de diciembre? A continuación presentamos algunas observaciones del pasado, del presente y de lo que esperamos sea el futuro, de uno de los barrios más poblados de la Circunscripción tres del Distrito Nacional.

Una ¿transformación? positiva de La Ciénaga y Los Guandules

Acá nos encontramos probablemente ante una confusión semántica. La palabra transformación aduce a la ocurrencia de un cambio profundo y significativo en la forma, estructura, o apariencia de algo o alguien. Implica una alteración sustancial que puede ser física, estructural, o en términos de características y cualidades.

En el ámbito de proyectos urbanos, como el Nuevo Domingo Savio, la transformación indica cambios significativos en la infraestructura y el entorno social, mejorando la calidad de vida y el entorno de la comunidad. Una lee esa reseña e imagina algo así como que de repente en Domingo Savio llega el agua todos los días, las tuberías están dentro de las casas, se redujo de forma impactante el déficit habitacional, hubo una reducción importante en lo que sé refiere a los actos delictivos, mejoró la matriculación en el nivel secundario, ya no prima la ocupación informal, las calles son de repente adecuadas, hay iluminación en todas las vías.

Pero al visitarlo, a dos días de la inauguración del rimbombante Nuevo Domingo Savio, sigue siendo una comunidad sin servicios, con déficit, en donde las personas continúan sobreviviendo en los callejones. Pese a que sea ha descrito con una cruel dulzura como la obra que transformó la vida de la gente y que los medios de comunicación insisten en que la desigualdad pasó, que el gobierno se ocupó y que ya todo va a estar bien, la pobreza y el abandono continúan, detrás de la farsa de la pintura gris y azul.

No importan que tan alto crezca el bambú, es imposible esconder los callejones en mal estado. Sí, es cierto, no saltarán a la vista. No se podrán observar tras la vitrina vanidosa de lo que se pretende exhibir en tiempos de reelección. Servirá para ganar glorias. Pero está claro para la gente que allí reside, que es una victoria hueca, vacía, podrida.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) podrá correr y cubrir con un enorme muro de zinc y madera las viviendas “feas” que dañarán las fotos de la inauguración de esa gran “transformación”. Pero el déficit sigue allí.

Urbanismo social e infraestructuras, como polideportivos y parques lineales

En la prensa se habla del enfoque de Urbanismo Social como “profunda interacción con la comunidad”. Una interacción que para la URBE ha permitido escuchar las necesidades y preocupaciones y llegar a consensos “de lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer y lo que la comunidad acepta que se haga”. Al leer estas frases podemos imaginar un proceso en el que se han desarrollado numerosas asambleas en la comunidad con diversas técnicas de diseño urbano participativo en la que se han analizado las problemáticas para buscar soluciones en conjunto.

Nada más lejos de la realidad. Lo vivido en La Ciénaga y Los Guandules dista mucho de ser un proceso democrático en el que se ha tenido en cuenta las voces de las y los moradores del sector. Si hubiese sido de otra manera, la página web oficial de URBE contaría con todos los planos publicados del proyecto, con sus respectivos cambios basándose en los resultados de las asambleas. Sin embargo, en su página web solo podemos encontrar dos secciones y una planta de la Ricardo Carty publicada en agosto de este mismo año. Esto no es casualidad, ese plano fue el único compartido con la comunidad para poder llegar a acuerdos, debido a la incomodidad de las familias de la zona con el diseño una vez ya se había iniciado la ejecución de la obra.

¿Será que lo social del urbanismo de URBE se refiere a intervenir zonas empobrecidas y nada tiene que ver con la participación y el consenso en la toma de decisiones?

¿Y qué podemos decir de los equipamientos construidos? Si bien se han construido ciertas infraestructuras deportivas, aún seguimos esperando la construcción de las escuelas básicas, las estancias infantiles y el liceo prometido en el 2017 y que a día de hoy parece que ha dejado de ser prioritario.

Reubicación, indicando que se ha traslado de residentes de zonas inundables a viviendas seguras

Sin lugar a dudas que la “fantasía animada de ayer y hoy” más descarada ha sido la expresión “no solo se reubicó a los residentes de la parte inundable de La Ciénaga y Los Guandules, sino que también se involucró activamente en el proceso de transformación a los que permanecen en la zona” emitida por la arquitecta Rocío Vidal.

Desconozco que fábula, qué ensoñación, qué ficción le contaron a la arquitecta, pero seguro es que el cuento de la reubicación fue fruto de una mente, no sé si brillante, pero sí con mucha imaginación. Ahí están los propios documentos que debieron firmar las familias en donde se certifica la entrega de cheques a cambio de las viviendas en las que residían en La Ciénaga o Los Guandules.

En la propia página del antiguo gobierno del expresidente Danilo Medina (https://gobiernodanilomedina.do/noticias/nuevo-domingo-savio-urbe-se-reune-con-moradores-de-la-cienaga-y-acuerdan-continuar-los) se puede encontrar lo siguiente: “A las familias afectadas el Gobierno las compensa económicamente bajo el criterio de la composición de los hogares y los avalúos catastrales de las mejoras realizados por la Dirección General de Catastro Nacional”.

El empresario González Cuadra decía en enero del 2018 “precisó que las mejoras a desalojar serán pagadas por el Gobierno para que el beneficiario decida dónde vivir, y agregó que el 30% de las personas que serán desalojadas viven solas” (https://www.diariolibre.com/actualidad/domingo-savio-arranca-en-febrero-con-inversion-inicial-rd-2-mil-mm-DM8907342).

Se ha querido equiparar el proyecto Domingo Savio con la Nueva Barquita, no sabemos con qué intención. Pero debemos aclarar que nunca se planteó un proyecto habitacional para los habitantes desalojados en Domingo Savio. Nuestras investigaciones reflejan que muchas familias con los montos asignados, tuvieron que trasladarse a zonas con igual vulnerabilidad en la que residían o con peores condiciones.

Reubicar significa sacar de un lugar y establecer en otro. Eso fue La Nueva Barquita. Desalojar significa sacarte de la vivienda en la que resides, compensar y “soltarte en banda”. Eso fue el Nuevo Domingo Savio. Nuevo no para todos.

En una de las encuestas realizadas, por Ciudad Alternativa, a familias desalojadas o que esperaban por ese proceso, el 85% de las familias consideraba La Ciénaga como su hogar, el 94.2% deseaba quedarse a vivir allí. El 63% decía sentir tristeza con el proyecto y un 71% manifestaba la solución adecuada era casa para casa (reubicación).

¿Se involucró a la gente en el proceso? A lo largo de los años en los que transcurrió el proyecto, desde Ciudad Alternativa se realizaron, además de diversas encuestas, entrevistas en profundidad a las familias. El sentimiento que prevaleció en la gente no era precisamente el de sentirse parte: “Porque entonces le metían la gente como el cuco a uno, dique ellos si uno no lo cogían, entonces dique le ponían dificultad, y todo el mundo asustado y por eso uno firmó, pero uno no está de acuerdo”.

Les cambiaron el nombre de ciudadanos a invasores: “oye dique los invasores, mira cuántos años tenemos ya, yo tengo 48 y mi hermana 50 años viviendo, lo primero que nada más había 4 casitas, la de Efraín, la de un señor que tenía una fábrica de arroz que lo molía y el hijo de él que tenía una fábrica de blocks por aquí no había casa y nosotros buscábamos el agua en latica en la cabeza o nosotros amarrábamos, nos poníamos dos aquí y dos aquí. Eso sí, el río estaba tan limpio que nosotros hacíamos pozos y nos bañábamos, esto era lindo”.

Participación y toma de decisiones en la reconstrucción de los hogares

Parece que URBE no recuerda que ya en enero de 2018, tras los estudios realizados por el geólogo Osiris de León, en prensa se dijo que el proyecto “en principio tenía contemplado la construcción de viviendas, pero se ha tenido que replantear tras declararse parte del territorio como no urbanizable” (https://eldia.com.do/proyecto-domingo-savio-sigue-a-pesar-de-su-replanteamiento/).

Nos sorprende que ahora se diga que las familias han participado en la reconstrucción de los hogares. Pero ¿de qué hogares están hablando? ¿Será de los hogares que las familias han tenido que construir tras el desalojo sin una alternativa habitacional? Porque en ese caso no podemos hablar de participación, en ese caso hablamos de la obligación de liderar un proceso para no quedarse en la calle.

Como ya se ha dicho, el proyecto se ha centrado en la construcción de la avenida, y nada se ha hecho para reducir el déficit habitacional de las familias de Domingo Savio.

Resultados, presentando el proyecto como un éxito en integrar comunidades a la ciudad

Y es que parece que para URBE el sector Domingo Savio no es parte de la ciudad y por eso hay que conectarla con ella. Las más de 10,000 personas que han construido lo que es hoy la Ciénaga y Los Guandules con su propio esfuerzo y trabajo no forman parte de su concepto de ciudad. ¿Será por eso por lo que se ha dejado de hablar de la adecuación de callejones y escalinatas o el llevar nuevas redes de infraestructura urbana a cada hogar y el discurso se ha centrado en la construcción de la nueva avenida?

Una cosa sí está clara, el proyecto se ha focalizado en la conectividad, pero en una conexión de lo nuevo construido con lo que para URBE es la ciudad. La conexión del barrio preexistente con la avenida parece no ser lo que se buscaba. Dos días antes de la segunda inauguración de la primera etapa nos encontramos con personas que tienen que escalar un muro de aproximadamente metro y medio de altura para poder subir a la avenida, pasos de peatones que no llegan a ningún sitio, escaleras que suben a la avenida, pero no te permiten acceder y kilómetros de avenida sin entrada para vehículos.

Y ahora, como regalo de Navidad, un nuevo muro de la vergüenza, hecho de zinc, para que él presidente y sus autoridades no vean “lo feo del barrio”.

Y si “la vía es conexión” nos preguntamos por qué, entonces, hay tanta necesidad de inaugurar una avenida que todavía no conecta con el puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de La 17). Si tan importante es para el proyecto agilizar el tránsito en dirección de sur a norte y viceversa y construir 8 paradas de autobús para alimentar la ruta del metro y teleférico, ¿por qué se entrega a la alcaldía del Distrito Nacional una primera fase con el tramo de la Respaldo 17 a medio hacer?

Y la lluvia no es preocupación

Será en URBE que no es preocupación la lluvia. Porque nos comenta la gente de la orilla, que cuando llueve se les inunda aún más su espacio.

Se observa en la foto a la señora marcando el lugar hasta donde le llegó el agua en estas recientes lluvias de noviembre. Nos cuentan también de la pérdida de los trastes: neveras, abanicos, lavadoras, dañados por la lluvia. “Lo hubiera dejado como estaba antes a La Ciénaga” nos grita “porque nosotros antes no sufríamos toda esa agua”.

Relatan que han conversado con los ingenieros y los trabajadores que pasan, ahora apurados por la “urgencia” de la inauguración, y les responden que eso no es cosa de ellos, sino de URBE. En el mismo contexto de las lluvias recientes, los comunitarios debieron romper (señalado con la flecha) para que el agua pudiera fluir. ¿No está al tanto URBE de eso?

Todo lo que ha “cambiado” está fuera. Fuera de lo cotidiano de la gente. Nada ha cambiado que mágicamente evite que las viviendas sufran con la llegada de la lluvia.

“Paseo del Río” es una de las obras más importantes porque prioriza más al peatón que al vehículo

Una avenida sin barreras arquitectónicas donde las familias puedan estar tranquilas cuando sus niños y niñas jueguen porque no existe riesgo de que puedan ser atropellados por carros a alta velocidad. Eso es lo que nos imaginamos cuando se prioriza más al peatón que al vehículo, pero no es eso lo que se siente al pasear por esa avenida de 4 carriles sin un semáforo en sus casi tres kilómetros de longitud.

El proyecto se ha centrado en el “Paseo del Río”, dejando la construcción de la marginal para fases posteriores. Las familias deben entonces transitar sobre lodo para llegar al inicio de rampas inaccesibles para personas en sillas de ruedas o con alguna dificultad para caminar.

Y lo que es más impactante, en algunos casos las rampas no conectan con ningún paso de peatones ni acera por la que se pueda transitar, cumpliendo el “check list” de rampas en el diseño sin tener en cuenta la accesibilidad en su ejecución.

El proyecto incluye también un carril para bicicletas, cuya única división de la zona peatonal es una línea azul dibujada en el suelo, impidiendo así la seguridad de los peatones. Y por no hablar de las aceras separadas de la calzada por muros y pilotillos que dificultan el caminar del peatón del que tanto hablan.

Parece que la priorización se ha quedado en dejar espacio suficiente para caminar por el lado más cercano al río Ozama, pero haciendo prácticamente imposible el cruce hacia el otro lado, ese lado donde todavía vive gente, a quienes se les niega hasta el derecho a la verdad.