La República Dominicana, junto con los países ubicados en la región del Caribe y el Golfo de México, se encuentra situada en la trayectoria general de huracanes y tormentas tropicales formadas en el Atlántico. Por ello, se ve periódicamente afectada por estos fenómenos climáticos durante la temporada ciclónica que abarca desde el mes de junio hasta el mes de noviembre de cada año.

Debido al elevado índice de pobreza y extrema desigualdad socioeconómica que existe en la República Dominicana, aquellos que se ven desproporcionalmente más afectados por el paso de tormentas y huracanes son las comunidades rurales de bajos recursos y los barrios urbanos marginales que se encuentran en áreas propensas a ser afectadas. Entre éstas, las que poseen un mayor nivel de vulnerabilidad son aquellas comunidades aledañas a ríos y cañadas que se ven expuestas a los peligros causados por desbordamientos e inundaciones. La combinación de fuertes lluvias y vientos característica de estos fenómenos climáticos devasta periódicamente comunidades completas que de por sí ya carecían de recursos, causando muertes y la destrucción a veces total de sus viviendas y sus modos de subsistencia.

Frente a esta realidad, muchas de estas comunidades son reubicadas de manera “provisional” en refugios o barracones temporales construidos por el gobierno (a veces de manera improvisada), ya sea porque fueron evacuadas de sus hogares debido a una eminente amenaza de peligro, o porque sufrieron una pérdida significativa o total de vivienda y acuden directamente a dichos lugares. En esta etapa de respuesta inmediata a la emergencia, los refugios están atendidos por el Centro de Operaciones y Emergencias (COE), la Defensa Civil y la Cruz Roja, quienes están encargados – al menos en teoría – de suplir estos refugios con agua, alimentos, y asistencia médica hasta que el Estado pueda hacerse cargo y reubicar a la población en viviendas permanentes. Lamentablemente, esta atención humanitaria a menudo no es entregada o no da abasto para cubrir la totalidad de las necesidades de la población damnificada y generalmente cesa al poco tiempo de haber pasado la tormenta o el huracán.

Una vez pasada la etapa inicial de respuesta de emergencia, muchas de estas comunidades que perdieron sus viviendas y fueron reubicadas por las autoridades en refugios y/o barracones temporales reciben un seguimiento inadecuado o frecuentemente inexistente por parte del Estado, quién tenía el compromiso y la responsabilidad de construir viviendas permanentes para reasentar a esta población.

Como consecuencia de esta negligencia gubernamental, los refugios y/o barracones originalmente destinados a ser “temporales” se han convertido con el paso de los años en viviendas permanentes de muy bajos recursos, sin ningún servicio básico, y con escasas condiciones de habitabilidad. La inefectividad de las políticas públicas a largo plazo para hacer frente a estas situaciones se evidencia con la existencia de comunidades que aún viven en los refugios después de 5, 15 e inclusive 30 años, viviendo en condiciones paupérrimas a la espera de que el gobierno cumpla con su promesa de reasentarlos en una vivienda digna.

El propósito de este levantamiento es, en primer momento, generar un línea base sobre la situación de estos refugios que aún mantienen damnificados sin soluciones habitacionales o con ellas medias y, a partir de aquí, dar seguimiento a las políticas o programa de Estado sobre este tema.