Los Alcarrizos. Tres días después del desalojo del barrio Freddy Beras Goico, falleció el padre de Eduviges Nivar, quien vivía con ella en esa comunidad. Su muerte fue la primera de muchas ocurridas desde que, el 6 de marzo de 2021, tractores y palas mecánicas arrasaron todas las viviendas de la parcela 10, en el distrito catastral 31 de Los Alcarrizos. La demolición fue resultado de una decisión del Estado que favoreció a los propietarios registrados del terreno, pero dejó en el desamparo a 389 familias, la mayoría de las cuales había adquirido sus lotes de buena fe hasta una década atrás.
De acuerdo con Eduviges, al menos 21 vecinos han fallecido desde entonces. Muchos eran personas mayores que no lograron adaptarse a las condiciones de vida del lugar, la escuela pública “Los Coquitos”, a medio construir, cuyas aulas y oficinas terminaron transformadas en un conjunto de viviendas improvisadas que actualmente acoge a 177 familias del barrio.
Como muchos otros de sus vecinos, Eduviges compró de buena fe una propiedad sin título en un asentamiento que, en teoría, no debía existir, pero que en la práctica contaba con el respaldo del Estado: calles asfaltadas, alumbrado público, un circuito eléctrico activo y acceso al agua en las viviendas. Una comunidad con todas las de la ley.
“Yo no soy una invasora, yo compré”, explica. “Había calles, había faroles. Teníamos agua y luz. Ahí nadie vivía en callejón. Por eso me enamoré y compré para allá”.
Eduviges pagó 150 mil pesos por una pequeña vivienda de zinc con dos habitaciones, sala, cocina y un baño con inodoro. Se mudó allí y, a lo largo de dos años, fue haciendo pequeñas mejoras en cemento, a medida que conseguía recursos. Faltaba poco para que lograra techarla con cemento, como era su sueño.
Al día siguiente de la expulsión, alguien la llamó para avisarle sobre la escuela vacía, a medio construir. “De una vez cogimos para acá, éramos muchos, pero se han ido. Todo el mundo a pie cogiendo para acá y trayendo bultos”. Aunque hoy habita sola en un espacio que, por sus dimensiones, posiblemente estaba destinado a ser una pequeña oficina, al principio lo compartía con otras cinco familias que con el tiempo se fueron retirando.
Las familias se turnaban para dormir allí, una persona por noche, de modo que representantes de cada hogar ocupaban el cubículo mientras esperaban una respuesta de las autoridades. La escuela no solo se convirtió en un hogar, sino en un bastión de lucha. Pero pasaron cuatro años sin que llegara la justa indemnización, mientras las condiciones de precariedad se agudizaron, lo que hizo que poco a poco muchos decidieran retirarse.
“Ellos quieren que yo haga lo mismo. Salir de aquí. Pero yo me quedé aquí luchando por lo que perdí allá abajo”, reflexiona. Sin embargo, cuando la Alcaldía ofreció pagar 150 mil pesos a las familias que ocupaban la escuela, decidió aceptar la propuesta y empezó a recoger sus cosas, sin tener claro hacia dónde irá.
De algo no tiene dudas Eduviges: no desea volver a pasar por un proceso de desalojo como el de 2021, al que recuerda con impotencia como “una masacre. Todo el mundo con los trastes afuera. He ido borrando los videos, porque cada vez que los veo me dan ganas de llorar”.
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El barrio Freddy Beras Goico, con 17 años de fundado, contaba con servicios básicos e infraestructura urbana, escuelas e iglesias, lo que lo implica un reconocimiento del Estado de como un sector establecido y no un asentamiento de “invasores”.
Yubelkis Matos, asesora legal de la Red Urbano Popular por la Defensa del Territorio, reconoce que si bien no hay opciones legales para las familias que ocuparon, de buena fe, un terreno registrado a nombre de otro individuo, sí existen opciones sociales, como una indemnización justa por las viviendas perdidas.
Se recuerda el artículo 59 de la Constitución Dominicana, que establece que toda persona tiene derecho a una vivienda y que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho.
