Los Alcarrizos. A lo lejos, podría parecer un bloque de apartamentos de un barrio popular. De las ventanas cuelgan sábanas y ropa. De cerca, la visión comienza a cambiar. Se atestiguan pequeños desórdenes: basura amontonada, puertas y ventanas improvisadas con materiales precarios, baños móviles abandonados, viejos electrodomésticos en ruinas. Se advierte la estrechez de los espacios y la violencia que esto genera (el ruido, las peleas entre vecinos, los niños improvisando áreas de juego que molestan a los adultos…).
En macetas, algunas hierbas medicinales dan la bienvenida a la entrada de cualquiera de las áreas donde hoy viven las familias: poleo, albahaca, orégano, limoncillo y sábila. Un intento de normalidad en una realidad que dista mucho de serlo: la escuela pública “Los Coquitos”, una construcción inconclusa que terminó convertida en un refugio precario, con condiciones infrahumanas.
Hace cuatro años, los habitantes del barrio Freddy Beras Goico, ubicado en Los Alcarrizos, perdieron sus viviendas. No fue un huracán, una inundación o un terremoto lo que arrasó con las casas. Se trató de la acción del Estado, materializada en forma de palas mecánicas y tractores, en beneficio de los dueños de esas tierras y en perjuicio de 389 familias que, en su mayoría, había estado comprado lotes de buena fe, en los últimos 17 años.
Sucedió el 6 de marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia.
“Todo fue demolido en un segundo”, recuerda María Frías, 52 años. También su casa desapareció bajo la fuerza arrolladora de una pala mecánica: tres dormitorios con su baño enlosetado, cocina y sala, además de un lavadero exterior y frutales sembrados en el patio y el jardín. La pala mecánica también arrastró la seguridad de tener, por fin, tras años de esfuerzo, una casa propia. Y la felicidad de tener cerca una iglesia donde participar en la vida comunitaria.
“Estaban así cubiertos, dispuestos a lo que fuera, estaban armados como en una película de terror. Se apoderó de nosotros un terror, un espanto. Todo fue demolido. Losetas nuevas, lavadero nuevo, todo fue destruido sin piedad. No podíamos hacer nada, ellos estaban dispuestos a destruir, aunque estuviéramos dentro de la casa”, dice entre lágrimas. Solo pudo recuperar el portón de hierro, lo único que dio tiempo a desmontar.
Hoy en día, unas planchas de zinc oxidado, y no ese portón, resguardan su privacidad y la de su nieta de 10 años, con quien habita en lo que sería el área de sanitarios de la escuela. En el espacio destinado a los lavamanos, colocó una cama contra la pared y, a un lado, una pequeña estufa para cocinar. De los cubículos destinados a los inodoros (que nunca fueron instalados), usa dos como clósets y otro como baño improvisado. A pesar de la precariedad, tiene algo que los demás habitantes del lugar no tienen: un espacio cerrado donde asearse. Muchos han decidido bañarse al aire libre, a la vista de todos, junto a las dos llaves que abastecen de agua a las familias.
Para las necesidades fisiológicas, las opciones son pocas. Hace un año la Alcaldía llevó sanitarios portátiles que fueron abandonados por la comunidad cuando ya no pasaron más a recoger los desechos. Entonces, tuvieron que volver a la práctica de defecar en fundas y lanzarlas lejos, ya sea en un terreno vecino o en una laguna que se formó detrás del edificio escolar.
A veces, por las tardes, el viento trae de regreso las consecuencias de esta práctica. El hedor inunda el lugar y llena de frustración a María, quien recuerda su casa propia, con un baño de losetas, justo como el que había soñado toda la vida.
“No me siento cómoda en sí, este no es un lugar apto para estar. Lo elegimos porque no nos quedó otra alternativa”, se lamenta.
Con el tiempo, muchas de las familias que encontraron refugio en la escuela decidieron marcharse. Hoy en día, se estima que aún quedan unas 177 familias, a la espera de una respuesta del Estado. Para María, irse nunca fue una opción. Su frágil estado de salud y la falta de un ingreso fijo la mantienen atada a este lugar. Sobrevive con lo poco que gana cuando consigue trabajo limpiando casas, aunque esas oportunidades son esporádicas e inciertas.
En diciembre del año pasado, la Alcaldía ofreció una «solución» al problema de las familias: abandonar el espacio de la escuela a cambio de una contribución económica de 150 mil pesos.
“Muchos pensamos que era muy poco dinero, pero el Alcalde nos dijo que lo tomáramos o lo dejáramos, que no había otra opción. Como no teníamos alternativa para salir, y ya habíamos sido maltratados, la mayoría levantamos la mano y dijimos que sí [aceptábamos].”
Por momentos, el espanto regresa y sus ojos se inundan de lágrimas. No desea volver a pasar por un desalojo forzoso. María sabe que lo ofrecido por la Alcaldía es insuficiente para adquirir una vivienda y que alquilar en otro espacio no es una solución sostenible a largo plazo, debido a la falta de ingresos fijos. Piensa que, al menos, puede “inventar algo, negociarlo, ir rindiéndolo a ver si después consigo mejorar.”
No ha tenido tiempo de planear a dónde ir. Solo sabe que espera estar cerca de su familia, aquí en Los Alcarrizos.
***
El barrio Freddy Beras Goico, con 17 años de fundado, contaba con servicios básicos e infraestructura urbana, escuelas e iglesias, lo que lo implica un reconocimiento del Estado de como un sector establecido y no un asentamiento de “invasores”.
Yubelkis Matos, asesora legal de la Red Urbano Popular por la Defensa del Territorio, reconoce que si bien no hay opciones legales para las familias que ocuparon, de buena fe, un terreno registrado a nombre de otro individuo, sí existen opciones sociales, como una indemnización justa por las viviendas perdidas.
Se recuerda el artículo 59 de la Constitución Dominicana, que establece que toda persona tiene derecho a una vivienda y que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho.
