Santo Domingo. Comunidades urbanas del Gran Santo Domingo, acompañadas por organizaciones sociales, marcharon hoy desde el Congreso Nacional hasta la Oficina del abogado del Estado para exigir el cese de los desalojos forzosos y la adopción de medidas legales que garanticen la seguridad habitacional de miles de familias afectadas en los últimos años.
Sectores como La Mina en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo en el Distrito Nacional; El Carril en Bajos de Haina; así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo, El Gran Valiente, Sector la 22 y Mirador Aéreo en el distrito municipal de La Caleta, Boca Chica, denunciaron haber enfrentado desalojos y amenazas de expulsión pese a residir desde hace años en territorios donde el Estado ha instalado servicios básicos e infraestructura pública.
“Los desalojos forzosos masivos que han ocurrido desde 2021 han dejado a cientos de familias en extrema vulnerabilidad, profundizando la pobreza y aumentando el déficit habitacional del país. Esta práctica evidencia una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado, mientras el Estado incumple su obligación de garantizar este derecho fundamental”, expresó Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbana Popular y representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, plataforma que ha acompañado a las comunidades afectadas.
Las familias recordaron que estos desalojos vulneran derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes nacionales. “El derecho a una vivienda digna está consagrado en el artículo 59, y cualquier procedimiento debe respetar el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Además, la Ley 107-13 establece que toda actuación estatal debe estar debidamente motivada y ser notificada conforme a la ley”, afirmó Mercedes de Jesús, representante comunitaria de Nueva Jerusalén.
Las comunidades insistieron en la necesidad de avanzar hacia un marco normativo que establezca reglas claras para prevenir desalojos arbitrarios, garantice la notificación formal a cada familia afectada y obligue al Estado a ofrecer alternativas habitacionales en casos de vulnerabilidad. “Es urgente declarar de utilidad pública los terrenos donde, durante años, miles de familias han construido sus hogares con esfuerzo y sacrificio. Este sería un paso decisivo para garantizar estabilidad y reducir los conflictos territoriales”, señalaron.
