Análisis jurídico de la Ley 85-25 de alquileres de bienes inmuebles y desahucios en RD
La Ley 85-25 representa un intento de modernizar el régimen de alquileres en República Dominicana, buscando equilibrar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos tras décadas de un modelo marcado por la judicialización, la informalidad y la desconfianza en el mercado inmobiliario.
El nuevo marco legal fortalece la inversión y agiliza los procesos de desahucio, pero también expone tensiones estructurales vinculadas al derecho a la vivienda digna, la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos y la ausencia de políticas públicas que protejan a sectores históricamente excluidos del acceso habitacional.
Más allá de la regulación contractual, el desafío de la Ley 85-25 radica en construir un modelo de renta inmobiliaria socialmente sostenible, capaz de combinar eficiencia jurídica, control de la especulación, protección frente a la gentrificación y garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la vivienda en el país.
El derecho a la vivienda es un pilar fundamental de la dignidad humana y un requisito esencial para sociedades justas e inclusivas. A lo largo de más de 30 años, Ciudad Alternativa ha acompañado a comunidades en la defensa de este derecho, enfrentando los efectos devastadores de los desalojos forzosos en la vida de miles de familias. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, hemos documentado y analizado estas realidades, generando conocimientos y estrategias que fortalecen la lucha por la permanencia y la dignidad en el territorio.
Esta guía nace como una herramienta práctica y accesible para comunidades, activistas y defensores de derechos humanos, basada en décadas de experiencia. Inspirada en casos concretos de desalojos que hemos seguido de cerca, proporciona información clave sobre marcos legales, estrategias de resistencia pacífica, documentación de evidencias y mecanismos de denuncia, con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria y la incidencia en políticas públicas.
Aspiramos a que esta guía no solo ayude a enfrentar desalojos inminentes, sino que también contribuya a prevenirlos a través de la información y el empoderamiento de las comunidades. La vivienda es más que un techo: es un espacio de identidad, seguridad y pertenencia. Su defensa es un acto de justicia social y un compromiso con la construcción de ciudades más equitativas y democráticas.
Esperamos que este material sea una herramienta de lucha y resistencia para quienes enfrentan la amenaza del desalojo, reafirmando que el derecho a la vivienda no es una concesión, sino un principio fundamental que debe ser garantizado para todos y todas.
Esta edición especial analiza la Ley no. 160-21 que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).
La misma presenta las luces y sombras de la ley, desde la inclusión de temas como Producción Social del Hábitat hasta la exclusión de elementos importantes para el sector de vivienda de nuestro país.
De igual forma, se analizan las incoherencias de las políticas de vivienda actuales del programa “Familia Feliz” de cara a lo planteado en la ley.
En este boletín se analizan las acciones públicas en materia de política habitacional, poniendo el foco en el gasto público en vivienda para el año 2020 y la formulación presupuestaria del año 2021.
El mismo presenta una breve reflexión de cara a las medidas impulsadas por parte del Estado y si estas reflejan coherencia con el enfoque de derechos y con la atención del déficit habitacional según las dimensiones de esta problemática en el país.
Desde el punto de vista macro, el documento se organiza en dos partes: primero se presenta el análisis del presupuesto ejecutado en 2020, haciendo algunas comparaciones con respecto a 2019 y tratando de identificar la producción física de vivienda generada a partir de los recursos ejecutados; y en un segundo momento se aborda la política de vivienda en el marco del PNPSP 2021-2024 y el presupuesto 2021, partiendo de que el primero contiene la apuesta de hacia dónde se quiere llegar en el mediano plazo y el presupuesto del 2021 el primer paso en términos operativos para alcanzar lo que allí se plantea.
El acceso a una vivienda y un hábitat digno es un determinante esencial de la calidad de vida de la ciudadanía, ya que esta influye directamente en casi todos los aspectos de la vida humana, desde las relaciones comunitarias hasta sanidad y salud. Sin embargo, la vivienda es uno de los Derechos Humanos cuya vulneración afecta a una gran parte de la población dominicana. Esto nos llevaría a pensar que el sector vivienda se ha convertido en uno de los centros de políticas sociales del gobierno, y que se han hecho esfuerzos por enfocar recursos hacia la solución de la problemática con mayor repercusión en la vida diaria; no obstante,
las políticas de vivienda social han venido desapareciendo hasta el punto de prácticamente desaparecer del mapa de prioridades políticas.
El encaminamiento hacia una resolución del déficit habitacional requiere un compromiso real y sostenido por parte de la sociedad, especialmente de quienes ostentan el poder político. Como política conlleva altos niveles de planificación, inversión, gestión y coordinación.
La presente edición del boletín del Observatorio de Derecho a la Ciudad, ofrece una panorámica general de la ejecución presupuestaria en materia de vivienda en el país de 2018 a 2019, analizando, al mismo tiempo, el contexto de la última década y las partidas asignadas para el 2020.
Estaremos realizando un análisis presupuestario tomando en consideración las diferentes clasificaciones del gasto público. Más allá de estas asignaciones, estaremos haciendo un balance del sector privado en vivienda, específicamente, de la Ley de Fideicomisos.
Por otro lado, haremos una breve revisión de las partidas y cumplimientos presupuestarios en cuanto a gestión de riesgo por par te de los gobiernos locales de la ciudad de Santo Domingo.
La provincia María Trinidad Sánchez fue ampliamente afectada por el paso de los huracanes Irma y María, en particular este último, en septiembre de 2017. El caso más impactante de estas afectaciones fue en el barrio La Islita, al recibir el daño más severo entre todas las comunidades por estar ubicado literalmente sobre el río: en un banco de arena en la desembocadura del río Nagua.
En el presente documento, las mujeres entrevistadas cuentan lo ocurrido aquel día, la experiencia de desalojos forzosos y el dramático retorno a sus casas, en las que el río dejó apenas nada servible.
Para el 2016 explota en el barrio Los Tres Brazos y a nivel nacional, el caso de fraude por la venta ilegal de 1,213,861 m² de sus terrenos a un precio de 80 millones de pesos por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) a la empresa Inversiones Fernández Parache (INFEPA), por medio de la compañía Titutlatec: “se trataba de más de un millón de metros cuadrados donde existían 17,300 viviendas y casi 63,000 habitantes, además de servicios estatales básicos” (El Nacional 2018), poniendo en situación de «desalojo» a decenas de familias con más de 30 años habitando el lugar.
El manejo integral de residuos sólidos es una pieza clave para el bienestar de la población en general, y sobre todo para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Uno de los deberes de esta entidad es dotar a la población de servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; el presente documento nos expone desde diferentes variables el cumplimiento con este deber y los grados de satisfacción de la población desde los gobiernos locales y el Estado.
La recogida y disposición final de los residuos y desechos sólidos en el país, ha sido una problemática constante a lo largo de los años. El siguiente documento toma como base el análisis de satisfacción desde diferentes variables, a una muestra de 3344 habitantes de los municipios del Gran Santo Domingo, como lo son el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, Boca Chica y Los Alcarrizos.
Haciendo de las figuras literarias como el sarcasmo, ironía y metáfora, Ciclón Urbe: De Ciudadano a Invasor narra la realidad de Domingo Savio, nombre popular de los barrios La Ciénega y Los Guandules ubicados en República Dominicana.
Los moradores de Domingo Savio están en proceso de ser desalojados forzosamente de sus hogares a fin de construir un nuevo proyecto. Esta terrible situación es en la que nace este cómic, retractando los testimonios de los afectados-as para denunciar la violación de sus derechos básicos, el acceso a una vivienda digna.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad pretende contribuir al desarrollo local acompañando a la ciudadanía organizada, dotándola de las informaciones oportunas sobre el monitoreo y el seguimiento de las políticas públicas municipales.
La presente edición propone dar cuenta de la inversión en servicios municipales por parte de las cinco principales alcaldías de la región Ozama para el año 2017, con el objetivo de verificar el cumplimiento de estos gobiernos locales a las instrucciones de la ley municipal con respeto al proceso de planificación en las administraciones locales.