Análisis jurídico de la Ley 85-25 de alquileres de bienes inmuebles y desahucios en RD
La Ley 85-25 representa un intento de modernizar el régimen de alquileres en República Dominicana, buscando equilibrar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos tras décadas de un modelo marcado por la judicialización, la informalidad y la desconfianza en el mercado inmobiliario.
El nuevo marco legal fortalece la inversión y agiliza los procesos de desahucio, pero también expone tensiones estructurales vinculadas al derecho a la vivienda digna, la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos y la ausencia de políticas públicas que protejan a sectores históricamente excluidos del acceso habitacional.
Más allá de la regulación contractual, el desafío de la Ley 85-25 radica en construir un modelo de renta inmobiliaria socialmente sostenible, capaz de combinar eficiencia jurídica, control de la especulación, protección frente a la gentrificación y garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la vivienda en el país.
En los últimos años, miles de familias empobrecidas en República Dominicana han sido desalojadas de manera forzosa, sin notificación previa ni alternativas habitacionales, intensificando el déficit habitacional y agravando su vulnerabilidad. Estos desalojos reflejan el predominio de una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado para especuladores, mientras el Estado dominicano incumple su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna.
Este artículo expone casos específicos de desalojos forzosos desde 2018, analiza la insuficiencia de las soluciones ofrecidas por el gobierno y destaca propuestas impulsadas por la sociedad civil para proteger los derechos fundamentales de las familias afectadas.
El derecho a la vivienda es un pilar fundamental de la dignidad humana y un requisito esencial para sociedades justas e inclusivas. A lo largo de más de 30 años, Ciudad Alternativa ha acompañado a comunidades en la defensa de este derecho, enfrentando los efectos devastadores de los desalojos forzosos en la vida de miles de familias. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, hemos documentado y analizado estas realidades, generando conocimientos y estrategias que fortalecen la lucha por la permanencia y la dignidad en el territorio.
Esta guía nace como una herramienta práctica y accesible para comunidades, activistas y defensores de derechos humanos, basada en décadas de experiencia. Inspirada en casos concretos de desalojos que hemos seguido de cerca, proporciona información clave sobre marcos legales, estrategias de resistencia pacífica, documentación de evidencias y mecanismos de denuncia, con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria y la incidencia en políticas públicas.
Aspiramos a que esta guía no solo ayude a enfrentar desalojos inminentes, sino que también contribuya a prevenirlos a través de la información y el empoderamiento de las comunidades. La vivienda es más que un techo: es un espacio de identidad, seguridad y pertenencia. Su defensa es un acto de justicia social y un compromiso con la construcción de ciudades más equitativas y democráticas.
Esperamos que este material sea una herramienta de lucha y resistencia para quienes enfrentan la amenaza del desalojo, reafirmando que el derecho a la vivienda no es una concesión, sino un principio fundamental que debe ser garantizado para todos y todas.
El Distrito Nacional se encuentra en la región Ozama de la República Dominicana, al sur de la isla, junto al mar Caribe. Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda, este municipio tiene una población de 1,029,110 personas, representando así el 9.55% de la población del país y el 37.16% de la provincia Santo Domingo, con una densidad poblacional de 10,535 habitantes/km².
De acuerdo con organizaciones comunitarias de base y organizaciones sociales del municipio, este enfrenta graves problemáticas en materia de agua, saneamiento, salud, trabajo, educación, vivienda y medio ambiente. Esta Agenda de Desarrollo Local hace un diagnóstico actual de estas situaciones y presenta soluciones alternativas para ser implementadas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la gravedad de la carencia.
La Agenda se erige como una herramienta fundamental que prioriza el consenso, la participación activa y la propuesta colaborativa. Diseñada para definir y facilitar las prioridades de desarrollo, se orienta hacia la negociación efectiva con autoridades locales, municipales, instituciones y empresas privadas.
La misma busca seguir transformando la realidad de esta región de manera sostenible y equitativa, siempre velando por el Derecho a la Ciudad de todos y todas.
En estas memorias presentamos una apretada síntesis del trabajo realizado durante el 2022, tratando de rescatar una visión global de lo más relevante de nuestro trabajo y de los actores involucrados.
La presente propuesta tiene como objeto el establecimiento de reglas mínimas para que en los procedimientos legales de desalojo se garantice la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Esta investigación cumple el objetivo de sistematizar el levantamiento y análisis de información cuantitativa del Índice de Percepción Ciudadana, teniendo un alcance nacional con presencia en las instituciones del Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de la Administración Pública, Ministerio de la Mujer y Ministerio Público.
Esta edición especial analiza la Ley no. 160-21 que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).
La misma presenta las luces y sombras de la ley, desde la inclusión de temas como Producción Social del Hábitat hasta la exclusión de elementos importantes para el sector de vivienda de nuestro país.
De igual forma, se analizan las incoherencias de las políticas de vivienda actuales del programa “Familia Feliz” de cara a lo planteado en la ley.